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Trabajadoras de residencias y del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) se han concentrado este miércoles ante el Parlamento de Galicia para exigir mejoras laborales y también un protocolo que, en el caso de quienes se desplazan por los domicilios, les permita desempeñar sus tareas «con seguridad» o dejar el servicio en el caso de que se produzca «una situación de riesgo».
A las puertas del Pazo do Hórreo, varios portavoces del colectivo y delegados sindicales de CIG han atendido a los medios de comunicación. Susana García, de Compostela, ha urgido la necesidad de un protocolo que dé seguridad a las trabajadoras de ayuda en el hogar y también un nuevo convenio. «El convenio que hay no está mal de todo, pero la interpretación que hacen de él es nefasta», ha lamentado, antes de recalcar que también se viven «muchas situaciones de riesgo» en el día a día, no necesariamente por parte de los usuarios, «que son los que tienen una incapacidad cognitiva severa» en ocasiones, sino motivadas por familiares.
En primera persona, ha relatado que «un marido celoso de que atendiese a su mujer y no le hiciese más caso a él» casi le «parte un bastón en la cabeza». Por ello, ha afeado el «silencio» de la Xunta y que no haya «ninguna respuesta, ni propuesta».
«Tenemos un convenio que da vergüenza y ayer tuvimos que venir al Parlamento a oír decir que la compañera Teresa (la trabajadora asesinada en O Porriño) murió porque lo único que hizo fue quejarse a la CIG. ¡Teresa llevaba meses quejándose a la empresa!», ha advertido, por su parte Rosa Couto, de Vigo, quien también ha incidido en que los problemas en los en los domicilios. «Hay familiares y usuarios agresivos, algunos con problemas psiquiátricos y no tenemos por qué tratar a psiquiátricos», ha agregado.
Por su parte, con una camiseta que culpaba a la conselleira de Política Social, Fabiola García, de la «miseria» en las residencias, Beatriz Fernández, de Ferrol, ha alertado de una situación «insostenible» también en los centros geriátricos «agravada» este verano. «No tenemos medio, no tenemos personal. Y ahora los usuarios y usuarias están yendo a las residencias a morir mal atendidos. No se cuida a las cuidadoras y está habiendo mucha fuga de personal porque con las condiciones que tenemos es normal», ha señalado, antes de reivindicar mejores condiciones de trabajo y un salario «digno«, además de personal «formado«.
RECURSOS Y PARALIZAR EL SERVICIO SI HAY «RIESGO»
También se ha pronunciado Adolfo Naya, sobre la reunión en la Federación Galega de Provincias e Provincias (Fegamp) en la que se acordó que el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) elabore una propuesta de texto para un nuevo protocolo que garantice mejoras en seguridad y condiciones laborales.
«Entendemos que es un paso positivo», ha admitido el representante sindical de CIG, pero también ha advertido que esta no es solo una cuestión «técnica«, sino también «política«.
«Tiene que haber unos presupuestos acordes y, sobre todo, es fundamental que si hay peligro se pueda paralizar un servicio porque, a día hoy, no está sucediendo porque la Xunta es la que impide eso», ha incidido. «Tu puedes llegar, decir que hay un peligro, se notifica a la empresa y al ayuntamiento. Están de acuerdo las tres partes, pero la Xunta dice que no y prevalece el derecho del usuario. La gente no puede ir a trabajar con miedo», ha advertido.
