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Cuando el acuerdo se haga efectivo, la Xunta podrá regular los usos y actividades en el litoral, y controlará las autorizaciones de concesiones y sus prórrogas en la costa.
Casi 17 años después de que se ratificase el último paquete de competencias traspasadas a Galicia, el Pazo de Raxoi, uno de los edificios emblemáticos de la Praza do Obradoiro compostelana, ha sido el escenario en el que la Comisión Mixta entre el Estado y la Xunta ha formalizado este miércoles el acuerdo para ceder a Galicia el traspaso de las competencias de ordenación y gestión del litoral, que se hará efectivo el 1 julio, una vez que se supere el que será ya el trámite definitivo y el decreto se publique en los boletines oficiales autonómico y estatal.
El acuerdo concreta las funciones que asume Galicia en relación a las autorizaciones de usos de temporada en las playas, así como en zonas de fondeo o pantalanes flotantes, por ejemplo; al igual que en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar; así como la vigilancia, imposición y recaudación de las sanciones que corresponda.
Asimismo, Galicia se ocupará de la gestión de concesiones demaniales y también de emitir el informe previo al rescate de las mismas cuando, por razones de interés general, se reserve la competencia la Administración general del Estado.
El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la sesión de control en el Parlamento, se ha dirigido a la Praza do Obradoiro para reunir al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Torres había llegado poco antes en AVE a la estación compostelana, donde fue recibido por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, con quien mantuvo, según fuentes consultadas, una reunión informal.
La comisión mixta (con representantes de ambas administraciones) ha ratificado el acuerdo y, posteriormente, Rueda y Torres mantuvieron un encuentro, que antecedió a una comparecencia conjunta que han presenciado cargos de Xunta y Gobierno, representantes de los empresarios; diputados de PPdeG, PSdeG y BNG; y el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, entre otras autoridades y miembros de la sociedad civil.
El ministro Torres, a quien Rueda ha deseado una pronta recuperación, ha ratificado que este será su último acto institucional en una comunidad antes de someterse a la operación quirúrgica que tiene pendiente a causa de un cáncer del que informó hace unas semanas, y ha destacado el buen clima del encuentro que mantuvo con el presidente gallego.
Además de abrirse a dialogar sobre nuevas transferencias que demanda la Xunta –Rueda remarcó tras la reunión que «no dijo que no a nada» y «entendió perfectamente» la petición relativa a los permisos de trabajo a extranjeros–, el ministro ha destacado que, con este acuerdo se dará una colaboración «mucho más efectiva» y «estrecha» entre las dos administraciones. Habrá, ha dicho «una cuantía económica de 1,2 millones para el año 2025» y la cesión de una serie de medios personales y vehículos.
«Va a haber una cogobernanza», ha remarcado Rueda, quien ha asegurado que Galicia respeta las competencias y las leyes del Estado y solo aspira a que se pueda trabajar «mejor«. Asimismo, ha manifestado su deseo de que, tras este acuerdo (que no ha estado exento de dificultades, ya que hubo recurso judicial estatal a la ley autonómica del litoral), cunda el ejemplo y se pueda avanzar desde «el diálogo».
En los objetivos de la Xunta está lograr avances con la demanda histórica de la AP-9, pero también quiere las competencias meteorológicas; Sobre estas últimas, el Gobierno gallego reclama una gestión «mejor coordinada y más complementaria» al entender que es «un servicio vital» para la ciudadanía, por lo que desea que se preste de forma «racional y sin duplicidades».
Por ese mismo motivo, la Xunta regulará las redes y los servicios meteorológicos y climatológicos que presta MeteoGalicia por ley. Será a través de la ley del clima de Galicia, en la que ya trabaja con el objetivo de tener listo el proyecto normativo antes de que finalice el verano, para remitirlo al Parlamento.
Y sobre la AP-9, el traspaso es una demanda que ha concitado la unanimidad de los partidos representados en el hemiciclo gallego –de donde salió una propuesta legislativa con destino al Congreso–, pero que no avanza en Madrid. Este martes los populares mostraban su «indignación» con el Gobierno central tras el «42º aplazamiento de su debate» en la Cámara baja.
PRIMERA TRANSFERENCIA EN CASI 17 AÑOS
La gestión del litoral supone el primer traspaso de una competencia a la Comunidad en casi 17 años (el decreto del último paquete transferido se ratificó en julio de 2008) y desde que el PP volviese a la Xunta de la mano de Alberto Núñez Feijóo, tras el bipartito de PSdeG y BNG que dirigió Galicia entre 2005 y 2009.
Cuando el acuerdo se haga efectivo –tras la autorización de la comisión mixta, aún quedará pendiente su publicación en los boletines oficiales–, la Xunta podrá regular los usos y actividades en el litoral. Además, el Gobierno gallego controlará las autorizaciones de concesiones y sus prórrogas en la costa.
ÚLTIMO PAQUETE DE COMPETENCIAS CEDIDO EN 2008
El cierre del último paquete de competencias cedidas a Galicia se remonta al año 2008, cuando Emilio Pérez Touriño dirigía la Xunta y Anxo Quintana era su vicepresidente.
De junio de ese ejercicio datan tres reales decretos que abordan la declaración de utilidad pública de las asociaciones y aplicación de los beneficios fiscales, medios personales adscritos al Hospital Básico de la Defensa en Ferrol y ampliación de las funciones y servicios en materia de conservación de la naturaleza (Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia).
El último decreto de traspasos data del 24 de julio de 2008 y se refiere a la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias.
Además, en junio de 2010 se hizo efectivo un acuerdo de diciembre de 2008 para ampliar medios patrimoniales adscritos a servicios ya traspasados; y en 2022 se acordó la cesión a Galicia del impuesto sobre el depósito de residuos de vertederos y la incineración de Galicia; aunque formalmente no se trata de transferencias de competencias como tal.
