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Insiste en que la contratación menor es excesiva e insta a diputaciones a erigirse «en auténticas centrales de compras provinciales».
El Consello de Contas de Galicia ha constatado que hubo «importantes deficiencias» en los contratos menores tramitados por las distintas entidades locales gallegas –ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y entidades menores– en los ejercicios de 2019 y 2020, en un informe en el que realiza un análisis específico de la contratación de emergencia a la que se acudió durante la pandemia para combatir la covid-19.
Así lo certifica el ‘Informe de fiscalización das obrigas de remisión de información das entidades locais de Galicia e a avaliación do entorno de control’ de las 360 entidades locales de Galicia, que ha aprobado y ha remitido al Parlamento autonómico. Entre otros incumplimientos, como el de la obligación legal de publicar los contratos, se afea que no siempre se justificase la emergencia y que en ocho de cada 10 no se invitó a otras empresas a participar, más allá de las adjudicatarias.
Entre los objetivos del análisis, Contas sitúa de forma específica la revisión de la contratación que se tramitó en las entidades locales por la vía de emergencia para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la covid-19, verificando el cumplimiento de las prescripciones normativas en relación con los principios de publicidad y transparencia de la contratación, concurrencia e igualdad de trato a los licitadores.
Para realizar el análisis, del total de contratos menores comunicados en la plataforma de rendición de cuentas por las entidades del sector público local en 2020, un total de 33.454 expedientes con un importe de adjudicación que supera los 111 millones, se seleccionó una muestra que por su objeto podría estar ligada a la covid-19: 1.186 expedientes con un importe de adjudicación de 3,6 millones.
Todos ellos cumplieron, según el órgano fiscalizador, el umbral establecido para los contratos menores. Sin embargo, se incumplen otras obligaciones legales. Por ejemplo, solo el 58,1% se publican en el perfil del contratante, idéntico porcentaje para aquellos que indican con qué objeto se formalizó el contrato. Menos del 60% indicaron el precio de adjudicación y solo el 56,49% identificaron al contratista.
Pero Contas ve otras deficiencias en el apartado específico en el que analiza los contratos de la covid-19 en entidades locales: la muestra refleja que solo en el 20,51% de los expedientes se invitó a otras empresas (al margen de la adjudicataria), mientras que la conformidad de la prestación se manifiesta en menos del 75% de los contratos. En unos ocho de cada diez, finalmente, no consta la declaración responsable.
«DUDOSA RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL» DE LOS ADJUDICATARIOS
Pero, además, se llama la atención en que el principal objeto del contrato de expedientes «con dudosa relación con el objeto social» es la adquisición de mascarillas quirúrgicas (cita dos ejemplos concretos del Ayuntamiento de Santiago, por ejemplo) y FPP2, guantes y equipos de protección individual.
Al respecto, se ejemplifica con que entre los objetos sociales de los adjudicatarios están la elaboración y distribución publicitaria, instalaciones eléctricas, actividades de telecomunicaciones, compra venta de valores mobiliarios o educación secundaria técnica y profesional, así como actividades de administración pública.
ABUSO DE LA VÍA DEL CONTRATO MENOR
Al margen del análisis concreto de los contratos vinculados a la covid-19, el informe refleja que la contratación menor llevada a cabo por las entidades integrantes del sector público local de Galicia durante los ejercicios 2019 y 2020 representa el 93,5% y el 92,98% respectivamente, mientras que desde el punto de vista del importe de la adjudicación es del 16,84% y el 22,02% para ambos ejercicios. Los contratos de suministros son los más usados por las entidades locales.
Ningún contrato menor de obra supera en 2020 el umbral legal, aunque esto sí sucede en ocho ocasiones en 2019: en los ayuntamientos de Cabana de Bergantiños, Vigo y Dodró.
En los de servicios la superación de los límites legales se produce una vez en 2020 (Sarria), y en 172 ocasiones en 2019 en Caldas de Reis, Cerdedo-Cotobade, narón, Oleiros, Portas, Valdoviño, Vigo, Vilanova de Arousa, en las diputaciones de A Coruña y Pontevedra, en la Mancomunidad de O Salnés y Sociedad Urbanística Provincial de Lugo
Finalmente, en los contratos de suministro se superan los umbrales en una ocasión en 2020 (Sarria) y en 34 en ele ejercicio anterior (en los ayuntamientos de O Porriño, Oleiros, Sarria, Vigo y Diputación de Lugo).
ROZANDO EL LÍMITE LEGAL
Además, Contas pone el foco en que la agrupación de los contratos por NIF y objeto permite constatar que en 247 contratos de obras, 452 de suministros y 122 contratos de servicios su importe está «muy próximo» al límite legal fijado, por lo que «cabe inferir» que se recurre a esta vía no por «cálculo de las necesidades públicas a satisfacer, debidamente planificadas y evaluadas«, sino más bien por las «ventajas prácticas de la utilización de la contratación menor».
Así, por ejemplo, se hace constar que la Diputación provincial de Ourense –en esos ejercicios dirigida por el ahora senador Manuel Baltar– es la que «más contratos menores de obras tiene adjudicados por un importe muy próximo al umbral establecido».
EJERCER DE «AUTÉNTICAS CENTRALES DE COMPRAS»
En esta coyuntura, en el apartado de recomendaciones, Contas insiste, al igual que en anteriores ocasiones, en aconsejar «acudir excepcionalmente al contrato menor«, motivando su utilización «en los términos exigidos por la normativa contractual».
Pero, además, se recomienda a las entidades locales que no tengan formalizados contratos que garanticen los servicios básicos de carácter periódico y repetitivo, como luz o telecomunicaciones, que soliciten la asistencia técnica provincial para cumplir con los principios generales de la contratación pública.
Así, se insta a las diputaciones Provinciales que «se erijan en auténticas centrales de compras provinciales que racionalicen y gestionen las necesidades de bienes y servicios de los ayuntamientos pequeños de su provincia de manera rápido, eficiente, legal y transparente, quedando en las manos de aquellos la tramitación de escasos contratos menores para atender necesidades puntuales y urgentes».
