Antonio Miguel Carmona-(Director de Diario Progresista)
Eran las diez de la mañana. Los agentes y el secretario judicial se encontraron al llegar a la vivienda las luces de las sirenas, aún encendidas, que mostraban un suceso, una tragedia de la que ellos mismos, sabrían más tarde, eran protagonistas.
Una hora antes, el mismo día que iba a ser desahuciado su hermano, se lo encontró ahorcado en aquella vieja casa familiar que iba a ser ocupada por el Juzgado. A sus cincuenta y tres años no supo afrontar una deuda y el kiosko que regentaba no parecía ser suficiente.
El secretario judicial, testigo del desahucio que iba a producirse, vio alejarse la ambulancia desde el barrio de La Chana, dudando, por la falta de pulso, si dirigirse al Hospital Clínico de Granada o directamente al Instituto de Medicina Forense.
Muchas familias, arruinadas, sin futuro, no pueden afrontar las cuotas de la hipoteca y acaban en la calle esperando la llegada de un familiar, de los servicios sociales o, simplemente, del frío.
La primera obscenidad se produce cuando sabemos que hay unos tres millones de pisos vacíos a la espera de que un gobierno inteligente ponga fin a corto plazo a tanta desgracia.
Un gobierno inteligente que presente una ley de segunda oportunidad, que cambie las normas que permiten que los bancos puedan perseguir a una familia tras entregar el inmueble, porque no basta, hasta la tumba.
Malos son los tiempos en los que los gobiernos no dan respuesta urgente a problemas urgentes. Donde los legisladores se pierden en los discursos tantas veces inopinados mientras las familias españolas son desahuciadas.
No podemos presumir de un país en el que se producen doscientos desahucios diarios. Han leído bien. Vivimos en una nación protagonista de seis mil desahucios al mes. Esto no parece un país, parece más bien un desastre.