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La Xunta prevé convocar un nuevo concurso de suelo público residencial el próximo año para animar a promover la construcción de viviendas protegidas en las ciudades de Vigo, Pontevedra, Lugo y Ferrol.
Así lo ha anunciado este martes la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha avanzado este martes que durante un desayuno informativo organizado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin).
En su intervención, la vicepresidenta segunda ha explicado que el Ejecutivo gallego pondrá a disposición de promotores privados y cooperativas un total de 110 parcelas de uso residencial de su propiedad con capacidad para albergar unas 1.195 viviendas protegidas.
Por municipios, el concurso de 2024 incluirá ocho parcelas en el Bertón, en Ferrol.
Además, ha puesto en valor la flexibilización de los requisitos para convertir bajos comerciales y entresuelos en desuso en viviendas como una medida efectiva para incrementar la oferta residencial en las ciudades.
Tras recordar que el 15 de octubre entró en vigor la modificación de las normas de habitabilidad de Galicia aprobada por la Xunta para facilitar la reconversión de este tipo de locales, Ángeles Vázquez ha señalado que supone «dar una respuesta adecuada a las necesidades y a las nuevas demandas que traslada a la sociedad» en esta materia.
Al respecto, ha incidido en que esta marco normativo «moderno», además de aumentar la oferta de viviendas disponibles para las familias gallegas, también evita la sensación de degradación que puede generar tener muchos bajos sin uso.
En esta línea, ha indicado que los cambios garantizan la calidad de vida de los residentes manteniendo las condiciones necesarias de intimidad, luz, ventilación y superficie útil, que, en todo caso, seguirá siendo de un mínimo de 40 metros cuadrados.
Y, a mayores, según ha apuntado, la modificación de la normativa permite agilizar la tramitación ya que los ayuntamientos tendrán la potestad para delimitar espacios concretos en los que se eximan o maticen los requisitos para llevar a cabo esta conversión sin necesidad de reformar sus planeamientos urbanísticos.
«Damos la posibilidad a los ayuntamientos para flexibilizar y adaptar los cambios a las necesidades y a la realidad de sus barrios», ha añadido.
