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Gabriel Elorriaga F.-Ex diputado y ex senador
El resultado de una votación parlamentaria es legítimo, por mucho que nos repugne sus posibles consecuencias. 179 síes son una suma de diversos grupos suficiente para armar un bloque mayoritario. Lo fraudulento es la argamasa con que se pretende compactarlo. Lo corrosivo no es la aritmética que permite investir a un político como presidente de un Gobierno heterogéneo. Lo destructivo es el conjunto de concesiones que ha ofrecido este político para comprar esa mayoría a cambio de la desigualdad patente entre los españoles. El Gobierno que forma Pedro Sánchez debe dedicarse a desarmar la arquitectura del Estado al que prometieron servir.
El falso cemento se ha aglomerado con premeditación y alevosía, exonerando del peso de la ley a los culpables de delitos contra la unidad del Estado y repartiendo donativos desiguales con cargo a impuestos concedidos para servir equitativamente al interés general y no para ahondar en la diferencia entre regiones. Lo obsceno es el fluido personalista, extraparlamentario y anticonstitucional con el que se ha consolidado el pedestal de un individuo a cambio de un conjunto de privilegios e impunidades contratado entre dos personas: Sánchez y Puigdemont.
No se puede disfrazar con virtud de perdón lo que solo fueron regateos de compraventa sin garantías sobre los límites y conductas de los beneficiados para los tratos futuros. Como dijo Dante en el canto XXVII del Infierno: “No es posible absolver al que no se arrepiente”. Por ello el comisario de Justicia europeo Didier Reynders, que no es un poeta como Dante, escribió: “Expresamos serias preocupaciones en relación con la posible aprobación de una ley de amnistía”. Una ley de amnistía en abstracto puede redactarse con apariencias constitucionales. Lo que no puede aparentar constitucionalismo es la práctica de legislar a la medida impuesta por prevaricadores y malversadores para comprar los siete votos decisivos para la investidura. Esa práctica y no una pomposa exposición de motivos es lo que debe conocer Europa: un procedimiento obsesivo de poder para burlar al Poder Judicial en beneficio de un interés personalista.
El consuelo de algunos cómplices preocupados por la inestabilidad futura del pedestal que contribuyeron a compactar se basa en la versatilidad de la mentira. Sánchez, no habiendo querido mantener la transversalidad positiva de las mayorías de españoles igualitarios ha elegido la doblez de satisfacer a largo plazo a quienes no aceptan permanecer dentro del marco constitucional. Ha engañado a sus seguidores con previas negativas a la amnistía y la autodeterminación, pero a su vez engatusó a los independentistas con plazos y confusiones, como antes engaño a sus adictos. La imagen de una mentira a dos bandas parece ser la coartada moral de los socialistas acobardados que no se han atrevido a expresar el menor síntoma de disidencia aunque se haya negociado sin contar con ellos y confesasen desconocer, al borde de la investidura, el proyecto de ley en que han trabajado con ahínco dos afamados juristas como son Puigdemont y Santos Cerdán, fuera del territorio nacional y sin pedir consejo a las instituciones jurídicas nacionales.
Es cemento amasado al margen de las instituciones sin el ingrediente de la participación competente y el contraste con la opinión pública. Ese es el camino oprobioso de asumir como fracaso del Estado lo que fue la fracasada comedia del independentismo catalán. La cruda realidad es que siete votos bien vendidos van a conceder la impunidad a las personas que han propuesto un proyecto de ley a su medida, siempre y cuando el Congreso renuncie a modificarlo. Pero aun así, se han permitido quedarse a la espera, votando a un proyecto, vigilando si cumple lo pactado y manteniendo como rehén a todo un grupo parlamentario socialista si quiere prolongar su difícil papel de partido perdedor que gobierna con ayuda ortopédica.
En todo este enredo, los ciudadanos sencillos solo ven la renovación del alquiler de La Moncloa a cambio de una factura de cien millones de euros a pagar al casero separatista. Los más maliciosos piensan que hay un mercado negro de votos parlamentarios que denigra la dignidad del cuerpo legislativo. Es un precio demasiado caro para que esta aventura pueda tener un final feliz. Un nuevo Gobierno nacerá tarado desde sus orígenes disolventes. Su fragilidad deriva de las servidumbres que pesan sobre la espalda del presidente impopular de un partido perdedor investido por garantizar la debilidad del Estado como premio de una pausa separatista que deberá cumplir un Gobierno naciente del Estado español.
