Galicia Ártabra Digital Noticias de Ferrol y la comarca de Ferrolterra.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de A Coruña investigó a 27 personas, entre ellas de las zonas de Ferrol y Eume, como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, en el marco de la operación Weezing.
La mencionada operación se inició el pasado mes de marzo con el objetivo de controlar la correcta gestión de los gases fluorados recuperados de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos (gas R134A) al final de su vida útil.
En el transcurso de la operación los efectivos del Seprona constataron irregularidades en la gestión de este tipo de residuos en un total de 27 de los 28 centros de tratamiento de vehículos inspeccionados.
Este tipo de gases deben ser recuperados y acumulados en unas bombonas específicas para su almacenaje, dando cuenta de su gestión a través de una memoria ambiental a la Autoridad en materia de residuos de la Comunidad Autónoma, tanto de la cantidad recuperada como del destino y gestión que se les da, al estar clasificados como residuos peligrosos.
En el transcurso de la investigación se recabó la información de la Subdirección Xeral de Residuos de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, ante la cual los desguaces deben de presentar las declaraciones anuales de residuos peligroso recuperados de los vehículos al final de su vida útil y de la Jefatura Provincial de Tráfico, donde deben comunicar la cantidad de vehículos descontaminados en sus instalaciones, así como la causa por la que se tramita la baja definitiva.
Esta información que abarcaba la gestión documental de los últimos 4 años, fue trasladada a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) para la elaboración de los correspondientes informes técnico periciales, concluyendo estos que la gestión irregular de este tipo de gases podría haber emitido deliberadamente a la atmósfera un total de 26.252 toneladas de CO2, la liberación de R134A está prohibida en la Unión Europea por su alto pontencial de calentamiento global.
Una vez obtenidos los correspondientes informes técnico periciales, la Guardia Civil procedió a la investigación de los responsables de los 27 centros de tratamiento de vehículos, como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
