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Las víctimas de la violencia de género cuentan en Galicia con todos los apoyos y medidas de protección necesarias. La Xunta trabaja para que dispongan de asistencia jurídica, acompañamiento psicológico y social, acogimiento y apoyos económicos.
Así la Xunta de Galicia otorga ayudas a las víctimas a lo largo del año para garantizar su independencia económica. En 2022, se concedieron cerca de 900 de esos apoyos.
La mayoría de esos apoyos (571) fueron de pago periódico (Galicia es referente por disponer una ayuda económica mensual e ininterrumpida todo el año) con las que estas mujeres perciben hasta 800 euros mensuales y durante un período de 12 meses.
También de pago único, para ayudar a las mujeres con mayores dificultades de inserción laboral. Y apoyos a los hijos huérfanos o a las mujeres que resultaron gravemente heridas a causa de la violencia de género.
Los recursos de acogimiento, por su parte, dieron cobijo en 2022 a 351 personas (130 de ellas, menores) en viviendas tuteladas y centros de acogida y en el centro de emergencia de Vigo. Se ofrece un tratamiento integral de protección de las víctimas de la violencia en el marco de las competencias autonómicas.
Apoyo psicológico
En el campo del apoyo psicológico, cuentan con un turno de guardia permanente, que atendió el año pasado más de mil personas.
Desde el Gobierno gallego se requieren más medios humanos y materiales para que ninguna mujer quede desprotegida y están en permanente contacto con los agentes implicados porque la colaboración entre las diferentes administraciones es la única salida para alcanzar la cifra de 0 víctimas.
Lei de igualdade
Galicia fue pionera en la lucha contra la violencia de género anticipándose en la aprobación de normas que protegen a las víctimas, con la atención a casi 78.000 mujeres en situación de vulnerabilidad desde el año 2009.
En la actualidad se está tramitando en el Parlamento de Galicia una nueva Ley de igualdad, una noticia normativa que situará a Galicia a la vanguardia de la lucha contra cualquier discriminación.
Entre otras novedades, contempla el reconocimiento de la discriminación múltiple e interseccional o la promoción de espacios seguros y libres de acoso sexual en las ciudades y en eventos multitudinarios.
La Lei galega de igualdade es el resultado de un proceso participativo: además de los trámites de consulta previa e información pública, el texto se sometió a la consulta de 52 entidades representativas.
Convenios de colaboración
En el marco de la lucha contra la violencia de género, la Xunta renueva año a año diversos convenios de colaboración. Entre ellos, los firmados con las federaciones de asociaciones de mujeres rurales para el desarrollo de acciones de sensibilización frente a la violencia de género y de apoyo a sus víctimas.
En concreto, están implicadas la Federación provincial de mujeres rurales de Ourense (Femuro), la Federación de asociaciones de mujeres rurales de Galicia (Fademur), la Federación por la Igualdad de las mujeres de la provincia de Pontevedra (Femupo) y la Federación de mujeres del rural de la provincia de Lugo (Afammer Lugo).
Intervención con menores de edad
También se deben destacar otras colaboraciones como la desarrollada en el marco del Proyecto Fénix, un programa puntero en Galicia que promueve la intervención integral con menores de edad sometidos a medidas judiciales por haber cometido un delito de violencia de género, para su reeducación y prevención de futuras conductas violentas. La iniciativa, coordinada por la asociación ALAR, se enmarca desde 2019 en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En este caso, la Xunta de Galicia trata de prevenir comportamientos violentos entre la juventud con el objetivo de eliminar conductas nocivas hacia parejas o ex-parejas y disminuir las posibilidades de reincidencia. En este sentido, el programa educativo trabaja en la sensibilización de estos chicos en materia de igualdad de género y contra la violencia machista, especialmente ejercida sobre las chicas más jóvenes.
El proyecto Fénix incorpora chicos derivados a través de la Fiscalía de menores, estableciendo una red de trabajo en todo el territorio gallego para dar respuesta directa e inmediata a las demandas de fiscales y jueces, preferentemente en los casos de menores con cargos penitenciarios por violencia de género.
El proyecto también está abierto a la intervención en centros de menores y centros de intervención educativa en medio abierto (Ciema) que trabajan en la atención integral con los menores infractores, especialmente adolescentes en situación de conflicto social.
