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La concejala de Bienestar Social, Eva Martínez Montero, compareció este martes día 14 de marzo, para mostrar su “preocupación” por la situación que está viviendo el sector de la atención en el hogar a personas dependientes. Recordó que desde julio de 2021 está en vigor en Ferrol un contrato para dar servicio a las personas con dependencia, el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), con un presupuesto de alrededor de más 5 millones de euros anuales, lo que supone cerca del 90 % de la partida anual del área municipal que dirige.
Este contrato tiene una duración de dos años, prorrogables anualmente hasta un máximo de otros dos (2+1+1), por lo que en julio de este año comenzaría la primera prórroga, de obligado cumplimiento, apuntó, “puesto que estamos hablando de un servicio esencial”. La edil estuvo acompañada por el representante de CCOO del sector de las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar, Luis Rodas.
El aumento de la inflación registrado en los dos primeros años de contrato “también está afectando a la prestación de servicios”. En el caso del SAF, además, explicó que el colectivo de trabajadores “no tiene convenio en Galicia, por lo que sus incrementos salariales serían, a priori, los marcados por el IPC, muy elevado en la actualidad”. Esto, dijo, pone en “peligro la viabilidad de un servicio esencial puesto que está dirigido a un sector especialmente vulnerable y prestado mayoritariamente por mujeres”. En este sentido, denunció que el aumento acorde con el IPC que solicita el sector “recaería en los ayuntamientos cuando las competencias corresponden al gobierno autonómico”.
Ante esta situación, la Xunta “está mirando hacia otro lado”. Explicó que en la actualidad el precio total es de 17,25 euros/hora, del que este año la Xunta aporta un máximo de 11,5 euros/hora, el usuario alrededor de 2 euros/hora y el resto los ayuntamientos. La inflación generó “un problema económico para todas las partes”, explicó, por lo que reclamó a la Xunta que “busque una fórmula que permita aumentar de manera puntual y temporal alrededor de un 4 % el precio total de la hora y que asuma esa diferencia para permitir la continuidad y viabilidad del servicio” puesto que, insistió, “la competencia es autonómica”.
Martínez Montero añadió que “con el objetivo de garantizar la viabilidad del servicio”, el gobierno local acaba de contratar el estudio económico y redacción de pliegos para iniciar el proceso de licitación de un nuevo contrato antes de que finalice la primera prórroga de un año. Es una situación “anómala”, dijo, “pero necesaria puesto que queremos garantizar el servicio y que todas las partes implicadas estén en una situación digna”. Por lo tanto, “exigimos que la Xunta de Galicia deje de actuar cómo mero espectador ante esta realidad y asuma su responsabilidad y sus competencias”.
