La Xunta considera que el deber de los Ayuntamientos de Ferrol y de Narón, como administraciones con las competencias en la materia, es alcanzar un acuerdo de colaboración para la gestión del sistema de saneamiento y depuración que comparten y del que ambos son beneficiarios.
El desarrollo del plan de saneamiento de la ría de Ferrol supuso una inversión de más de 200 M€ y un ingente trabajo de la Xunta y del Gobierno de España. Después de esto, los dos municipios deben hacer un esfuerzo de entendimiento para garantizar una gestión idónea de las infraestructuras hechas.
El emisario submarino de Cabo Prioriño, la depuradora, el emisario terrestre y el bombeo de la Malata son actuaciones declaradas de Interés General del Estado que, como tal, fueron ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente que, una vez finalizadas las obras se las entregó a Augas de Galicia que, a su vez, firmó un convenio con el Ayuntamiento de Ferrol para que las gestionara. Ese convenio está en vigor hasta finales de 2023, por lo que ambos municipios tienen más de un año por delante para llegar a un acuerdo sobre la formula de gestión del sistema.
Si los Ayuntamientos de Ferrol y de Narón no son capaces de llegar a un acuerdo, la alternativa final sería que Augas realizara las actuaciones necesarias para asumir su responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas para las infraestructuras declaradas de Interés General, la Xunta deberá asumir la responsabilidad.
Para tener información directa sobre el funcionamiento del sistema, Augas está actualmente realizando una auditoría. «Esperamos-señala la Xunta- que esa información también contribuya la que se llegue a un acuerdo entre los ayuntamientos, que son competentes en saneamiento y depuración y comparten el sistema, para garantizar su idónea gestión. La auditoría de Augas de Galicia sería de utilidad en el caso de ser necesario licitar un contrato de explotación».