El BNG pregunta en el Congreso si el Gobierno es conocedor de la situación de las 15 familias de Piñeiros, Narón, amenazadas con el desalojo de sus viviendas y realizará gestiones para paralizar el desahucio. En el Parlamento gallego reclama que la Xunta medie junto al Concello de Narón y comience una reclamación para que estos activos pasen al IGVS (Instituto Galego de vivenda e Solo) con el objetivo de dar continuidad a los alquileres que tenían y que no haya desahucios.
El BNG de Narón, después de contactar con las familias afectadas, presentó este miércoles en la sala de prensa del concello las iniciativas que llevó al Congreso y al Parlamento gallego por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas viviendas (hoy en régimen de alquiler). Las personas afectadas pagaban a sociedades con contratos firmados a través de una inmobiliaria de Narón y desconociendo la pertenencia al SAREB de las propiedades desde 2018. “Sabemos que el Concello como administración más próxima tiene que velar por una solución pero la Xunta tiene competencia y debe exigir al SAREB que pare el desalojo indefinidamente y, el Gobierno del Estado, regular de manera definitiva una problemática que puede acontecer en cualquier lugar” indica Olaia Ledo, portavoz del BNG de Narón.
Asimismo, Alexandra Fernández, diputada y responsable de vivienda en el Parlamento galego por el BNG declaró: “denunciamos que la situación de estas 15 familias de Narón es completamente injusta por el desconocimiento del que estaban pasando cuándo ellos pagaban puntualmente su alquiler. Una sociedad como la SAREB que está conformada con dinero público del Estado; es decir, de todos y todas, no puede actuar de esta manera y por eso hoy registramos en el Parlamento gallego y este martes en el congreso iniciativas con propuestas de solución”
De hecho, el BNG presenta las iniciativas en el congreso solicitando que el Estado actúe y paralice este desalojo como a nivel del Parlamento gallego “la Xunta tiene las competencias en materia de vivienda y tiene que mediar solicitando al estado y la SAREB que estos se subroguen en los contratos o firmen unos nuevos con el objetivo de dar continuidad a los alquileres de estas 15 familias” incide Alexandra Fernández.