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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ferrol ha desestimado un recurso interpuesto por la sociedad propietaria del Pazo da Merced contra una resolución del Ayuntamiento de Neda, que suspendió la actividad de un pabellón utilizado para banquetes y bodas dentro del recinto debido a que fue construido en suelo rústico y carece de título habilitante de naturaleza urbanística.
La jueza ha desestimado íntegramente el recurso y ha avalado la decisión del Ayuntamiento, así como el traslado de los hechos a la Axencia para a Protección de la Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta de Galicia.
No obstante, matiza que «en ningún caso se ordena la paralización total de la actividad del Pazo da Merced», que acoge usos hosteleros y de restauración, sino solo «la suspensión de los actos de uso del suelo» con respecto a una construcción ejecutada en la finca del pazo, un «pabellón multiusos» que acoge banquetes, bodas y ese tipo de celebraciones.
Según se recoge en la resolución judicial, la empresa solicitó permiso en 2010 para implantar una «instalación efímera«, tipo carpa, de acero y lona. Dicha solicitud «no se resolvió en sentido favorable, sino que se condicionó a la solicitud de licencia de actividad de restauración en dicha carpa», que no se concedió. Al año siguiente, el Pazo presentó solicitud para «legalización» de obras de ese pabellón multiusos, que también fue denegada posteriormente.
El Ayuntamiento abrió un expediente sancionador en 2012 por la realización de obras sin autorización en la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre y, teniendo en cuenta que en 2014 se confirmó la denegación para legalizar dichas obras, acordó en agosto de 2019 suspender el uso del suelo con respecto a esa instalación. Asimismo, puso en conocimiento de la APLU los hechos, que también fueron denunciados por la Asociación de Emprendedores de Galicia (ASCEGA).
Pazo da Merced S.L. presentó recurso contencioso contra la resolución adoptada por el Ayuntamiento en agosto de 2019 (y demandó también a ASCEGA) pidiendo la nulidad de dicha resolución de la Junta de Gobierno local y que se declarasen las obras legalizables. La magistrada, no obstante, ha desestimado íntegramente sus pretensiones y ha avalado la actuación del Ayuntamiento.
La Asociación de Emprendedores de Galicia (ASCEGA) ha advertido de que «más de la mitad del sector» en la comunidad carece de los permisos necesarios para desarrollar su actividad». «Hemos constatado que hay un porcentaje muy elevado de empresas que se dedican a eventos que no cumplen la legalidad vigente», han denunciado.
