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Galicia insiste en reclamar «lo que justamente le corresponde en la defensa legítima de los intereses de sus agricultores y ganaderos con respeto a la aplicación de la futura PAC«. Nuestra comunidad y el resto de los territorios de la Cornisa Cantábrica (Asturias, Cantabria y País Vasco) demandan codo a codo al Gobierno central que se tengan en cuenta las peculiaridades de la España húmeda a la hora de desarrollar esta política, frente a la orientación “mediterránea” que viene mostrando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). En este sentido, la delegación gallega recordó «que ya se le trasladaron al Ministerio en varias ocasiones los documentos de consenso de la defensa que realiza la Cornisa»
Así se hizo este miércoles en la Comisión sectorial de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a la que asistieron, en representación de Galicia, el secretario general técnico de la Consellería do Medio Rural, Nicolás Vázquez, y el director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros.
Allí trasladaron que para Galicia «la propuesta actual del Ministerio, tal como está concebida en este rato, no defiende los intereses de los ganaderos y agricultores gallegos y tendieron a mano para negociarla, con el objeto de mejorarla»
Como cuestión previa, en este encuentro la delegación gallega demandó, «desde la lealtad al Gobierno Central, y reconociendo el esfuerzo realizado por el ministro en las negociaciones, una mayor transparencia por parte del MAPA a la hora de explicar sus propuestas sobre la PAC». Los representantes de la Xunta recordaron que «Galicia prestó apoyo institucional al Estado durante todo el proceso y demandan continuar negociando en beneficio del sector primario gallego»
En este sentido, Galicia solicitó al Ministerio «el mapa completo de las regiones PAC que se proponen en la aplicación de la futura PAC a nivel español ya que hasta ahora solo se dispone de las regiones de cada comunidad». La Xunta considera imprescindible conocer este diseño, así como «los datos detallados para cada región, tanto de número de derechos, hectáreas eligibles e importe asignado cómo de la distribución de los derechos según su cuantía inicial en 2023»
A mayores, la postura de Galicia -que se reafirmó este miércoles- y del resto de comunidades cantábricas pivota sobre la defensa de un modelo de ayudas directas que dé prioridad a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales y que atienda a la realidad del norte de España. Esto se recoge en la configuración de la PAC para el próximo período en el pago redistributivo con el que se pretende beneficiar a las pequeñas y medianas explotaciones frente las más grandes y, en este ámbito, los representantes de la Xunta defienden que «el pago redistributivo tendría que atender a la dimensión media por explotación a nivel nacional, redistribuyendo fondos en favor de las explotaciones que están por debajo de esa media»
Por su parte, el Estado «pretende que el pago redistributivo se aplique por regiones agronómicas y, debido a la falta de datos, no se puede hacer la simulación para calcular lo que le correspondería a Galicia». En este sentido, nuestra comunidad ya advirtió «que ese sistema no cumpliría el postulado por Europa y perjudicaría los intereses de los agricultores y ganaderos gallegos»
Así, Galicia también se muestra preocupada por la orientación “mediterránea” que está siguiendo el Ministerio respeto de la futura PAC, en particular en lo que alcanza a aspectos como los ecoesquemas. Por eso, demandan «la inclusión de nuevos ecoesquemas adicionales a los propuestos por el MAPA, más adecuados para la España húmeda»
Otro aspecto relevante es «la necesidad de que se contemple un trato equitativo en la definición de las superficies con pleno derecho al cobro de la PAC, para el futuro período de aplicación de estas políticas». Así, se advierte que «el Estado propone ampliar esta superficie en el conjunto del territorio nacional a nuevos cultivos. De este modo, se ampliaría a cultivos de viñedos, frutos y hortalizas, que se localizan fundamentalmente en el sureste español». Para Galicia, esta cuestión «supone un agravio, en la medida en que nuestra comunidad es la que tiene menos superficie admisible con derechos de cobro de la PAC entre las principales regiones agrarias de España»
En lo relativo a la definición de agricultor activo, Galicia defiende «que las ayudas vayan a aquellos con una dependencia significativa de sus ingresos agrarios. Además, en relación con las ayudas asociadas, para la Xunta es prioritario que se mantengan para los sectores de vacuno de leche, de carne y ovino- cabrún, con una dotación por lo menos semejante al período 2014- 2020».
Sobre la limitación de las ayudas por explotación, las comunidades de la Cornisa Cantábrica vienen demandando que «se aplique un tope máximo de 60.000 euros». Teniendo en cuenta el contenido final del Reglamento, la petición es que «se reduzcan en un 85% las ayudas entre 60.000 y 100.000 euros, y el 100% por encima de 100.000 euros». Hay que recordar que solo 74 explotaciones gallegas superan la cifra de 60.000 euros, de los cerca de 26.000 perceptores gallegos de la PAC.
La Comisión sectorial de Agricultura continuó por la tarde de este miércoles, donde se debatiern las propuestas del segundo pilar, relativo al desarrollo rural. En este campo, Galicia y la Cornisa Cantábrica defienden «que el diseño se haga por cada comunidad autónoma, en función de su realidad, estableciendo los elementos comunes a nivel estatal con un enfoque de “abaixo e arriba”. Asimismo, en relación con la cofinanciación, se reclama «que se recupere el equilibrio entre las aportaciones del Estado y las de las comunidades autónomas, que se rompió en el actual período»
