Gabriel Elorriaga F. (Ex diputado y ex senador)
Vivimos unas navidades con la amenaza de una pandemia que aún está viva y la esperanza de una vacuna que podría erradicarla en unos meses. Esas son las preocupaciones de “la gente” en este tiempo en que el temor al virus persiste con índices de mortalidad angustiosos y riesgos de nuevas olas tardías, cuando ya se presiente un futuro de recuperación. Pero nuestros gobernantes no parecen vivir en esta tensión general y delegan, aconsejan y responsabilizan a los órganos territoriales de la gestión desigual de la crisis sanitaria que agobia a la población. Sus urgencias generales son otras. El sello de política exprés lo reservan para aquellos temas que no gozan de consenso social sino que pueden ser acelerados por una aritmética parlamentaria basada en pactos ideológicos contraídos a la sombra de un clima opaco de alarma.
La proposición de Ley de Eutanasia, que parece un gesto macabro, aprobada cuando la humanidad conmemora un nacimiento, gracias a todos los atajos en su tramitación parlamentaria para que el “derecho a morir” pueda vestir sus galas funerarias cuando la primavera traiga, si no lo enredan estos gobernantes, los alegres colores de una humanidad con la salud recuperada y la capacidad de reactivación de la economía y el trabajo. También tomará carrerilla la LOMLOE, que es como se conoce la Ley Celaá, encargada de dificultar que los padres intervengan en la educación de sus hijos. Una ley que tampoco cuenta con el consenso de la comunidad educativa como tampoco cuenta la Ley de Eutanasia con la profesión médica. El Gobierno aprovecha el apoyo obscenamente mercadeado para los Presupuestos Generales para que, antes de que se relajen los lazos de complicidad, pisar el acelerador de ese tren desvencijado, pero rodante a toda costa, que circula con una falsa apariencia de Gobierno bipolar de España.
Junto a estas leyes tóxicas, también se pronostica la urgencia de acabar con la independencia del Poder Judicial. Se ha tomado en consideración la reforma que limita las funciones del órgano de gobierno de los jueces, contra el criterio de los jueces que, por descontado, no iban a ser menos despreciados que los médicos o los profesores. PSOE y Podemos registraron la petición de tramitar por vía urgente la ley que recortará las funciones del Consejo General del Poder Judicial. La tramitación “exprés” quizá pueda solicitar que enero sea hábil para que la Comisión de Justicia pueda tramitar cuanto antes el proyecto. Lo que no es posible para avanzar en los problemas de empleo ni en la reactivación empresarial si será posible para este anteproyecto observado con estupor desde las instituciones europeas que preparan correcciones financieras contra los intentos de anulación de la independencia judicial.
El tren expreso no circula con la vacunación masiva de lo que llaman desdeñosamente “el rebaño”. Tampoco trae en sus vagones en aumento de profesionales sanitarios ni las mejoras hospitalarias. Esos son temas que pueden conformarse con el impulso natural que deriva del instinto de conservación de la especie y de la política internacional. Nosotros aquí, con la opinión pública centrada en su problema vital y con las calles desiertas por las más elementales precauciones sanitarias, podemos contemplar el paso del tren expreso de Navidad como una carroza carnavalesca con antiguos delincuentes y actuales esperpentos del turismo político, saludando alegremente desde las ventanillas, al público que ve pasar el convoy como quien ve una expedición de fantasmas drogados con el peligroso veneno de la velocidad sin contrapeso operativo. El expreso de Navidad rodará hasta que se acabe el combustible de reserva. Después llegará el tiempo de la verdad.