(EP)-Mujeres presuntas víctimas de una red de prostitución, que operaba, según el Ministerio Público, en distintas ciudades españolas y gallegas, entre ellas Ferrol, han asegurado que les obligaban a dar una comisión por los servicios que prestaban y a pagar gastos.
Otras, por el contrario, han asegurado que ejercían la prostitución voluntariamente y han rechazado que fuesen objeto de amenazas si se negaban a prestar algún servicio, en referencia al testimonio aportado por otras.
Lo han hecho en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña contra seis acusados, dos mujeres ( que también ejercían la prostitución) y cuatro hombres, en algunos casos con lazos familiares o de amistad entre ellos.
La Fiscalía les imputa los delitos de trata de seres humanos, inmigración ilegal y contra la salud pública. En concreto, señala, en su escrito de acusación, que los procesados se dedicaban a obtener beneficios económicos a través del ejercicio de la prostitución por parte de terceras personas.
Sostiene que organizaban la llegada a España de mujeres de nacionalidad venezolana desde su país, incumpliendo las normas de extranjería de acceso al territorio nacional, «con ánimo de que permaneciesen ejerciendo la prostitución».
Además, presuntamente, obtenían cocaína para vender a los clientes que acudían a los pisos donde se ejercía la prostitución. La acusación pública reclama para ellos penas que oscilan entre los 15 y los 84 años de cárcel, frente a las peticiones de absolución planteadas por las defensas.
FUNCIONAMIENTO
«Tenía que darle el 20% de cada servicio a mayores de todo», ha expuesto una mujer en referencia a uno de los acusados. En su caso, explicó que sabía que venía a ejercer la prostitución, pero que no se le dijo que sería en las condiciones en las que, según su relato, finalmente fue.
«Todas las semanas cambiábamos de piso y las chicas pagábamos el alquiler», ha citado en un testimonio en el que ha precisado que pagaban la comida y también el vehículo que, de acuerdo con su exposición, alquiló el acusado para llevarles de unas ciudades a otras. «Nos humillaba», ha dicho, asegurando que también la amenazó con hacerle daño a su familia.
Otra de las testigos también cifró en un 20% lo que debía pagar, presuntamente, a otro de los acusados por cada servicio. En algún caso, aseguró que este porcentaje llegó al 50%. «Pagamos piso, comida, desplazamientos«, ha indicado en relación a este acusado, juzgado junto a su mujer. «Que si no trabajaba, tenía que irme», ha respondido al ser preguntada si fue objeto de amenazas.
Ambas testigos apuntaron que no se les dejaba salir si no era acompañadas, frente al testimonio de otras mujeres –algunas de las citadas a declarar no comparecieron al no ser posible su localización– que manifestaron que ejercían voluntariamente la prostitución y que salían y entraban sin problemas de las viviendas en las que estaban.
«Ya le dije a la Policía que estaba aquí por mi cuenta«, expuso una de ellas, mientras que otra exculpó a un tercer acusado. «Yo me ponía un horario», ha indicado sobre su jornada.