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La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha absuelto del delito de falsedad en documentos públicos a dos exaltos cargos de la Xunta acusados de ocultar la existencia de un informe negativo sobre una obra de dragado de fondos de la Red Natura 2000 en la ría de Ferrol.
Los magistrados concluyen en la sentencia que los documentos que las acusaciones sostienen que son falsos “carecían de virtualidad para perturbar la investigación en curso”. El tribunal subraya que las falsedades eran “inocuas, carecían de potencialidad lesiva, de capacidad para alterar la realidad jurídica en la que se insertaban, que es algo distinto de la realidad documental”.
El contenido de los documentos, según la Audiencia, “coincide con la realidad, aunque no refleje toda la realidad”, pues los hechos que no se documentaron, es decir, las reuniones de uno de los acusados con los técnicos, “no modificaron la situación ni tuvieron incidencia en la tramitación del expediente”. El tribunal, no obstante, señala que la elección de los investigados sobre la forma de completar el expediente administrativo fue “sin duda errónea”, pues consideran que había “otros medios de reflejar la realidad, total o parcialmente, sin necesidad de falsificar la fecha de los documentos, de forma, además, chapucera”.
“A lo dicho cabe añadir que, aún en el caso de subsistir dudas sobre los fines con los que actuaron los acusados, la presunción de inocencia, y su concreción en el principio in dubio pro reo, harían imposible declarar probada la finalidad de engañar que sostienen las acusaciones”, destacan los jueces en la resolución.
ORIGEN DE LA DENUNCIA
La investigación del ministerio público se abrió en septiembre de 2012 después de que durante ese verano el grupo ecologista Adega fuese aportando una serie de indicios que apuntaban que existía un informe inicial contrario a las obras que fue reemplazado por otro favorable, coincidente con el elaborado por encargo de la promotora del dragado, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. En la documentación recabada tanto por los ecologistas como por la fiscalía e incluso por el Valedor do Pobo (que abrió otra investigación después de que Adega denunciase que se le negaba acceso al expediente de la Declaración de Impacto Ambiental) aparece un escrito con una fecha cambiada (un 2011, “corregido a mano” luego con un cero, de tal manera que figura posteriormente fechado en 2010) y un documento impreso en un tipo de papel oficial que no existía cuando el Ministerio de Medio Ambiente aprobó la declaración de impacto. Ante estos documentos de la Administración aportados a requerimiento del ministerio público, el fiscal habla de “sorpresa”, y Adega, directamente, de “chafallada”.
El fiscal de Medio Ambiente señalÓ directamente en su denuncia y solicitó al juez que se tomase declaración en calidad de imputados al subdirector xeral de Espazos Naturais e Biodiversidade y al jefe de servicio del departamento de Conservación da Natureza en la provincia. El primero aparecía como firmante de los informes de Conservación da Natureza que finalmente sirvieron para dar luz verde a las obras. Mientras que al segundo se le responsabilizaba de una “nota interior” por la que, “más de un año y dos meses después del informe negativo” inicial (fechado en julio de 2010, antes de publicarse la declaración de impacto favorable), se requirió a la delegación en A Coruña del Servizo de Conservación para que lo “reevalúase”.
El Ministerio de Medio Ambiente aprobó la declaración de impacto, según la denuncia, sin un informe (en este caso negativo) de Conservación da Natureza que es obligatorio por ley. Y las agujas rocosas que obstaculizaban a la altura de los castillos de San Felipe y La Palma el paso de barcos de gran calado desaparecieron, sin tener en cuenta las alegaciones de ecologistas y mariscadores.
