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Diez acusados de delitos contra la salud pública han aceptado penas entre los tres años de cárcel y un año de prisión por delitos contra la salud pública. En el caso de tres de ellos, se les sumó el delito de pertenencia a grupo criminal.
El juicio estaba fijado para este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña y la Fiscalía demandaba para los sospechosos –con acusaciones en algunos casos de trasladar hachís desde otras zonas de España a Galicia– penas que oscilaban entre los 21 meses y lo seis años y nueve meses de prisión, en una causa procedente de un juzgado de Ferrol.
Los hechos se remontan a septiembre de 2018 cuando una de las procesadas se trasladó a un piso de la carretera de Castilla, en Ferrol, «donde adquirió, con la finalidad de lucrarse con su posterior venta a terceros, un total de ocho bellotas de hachís», que le fueron vendidas, añade, por otro procesado.
Tras salir del indicado domicilio, la mujer fue seguida por la policía y detenida en Ferrol, interviniéndose en su poder 78,54 gramos de resina de cannabis con un beneficio, en el mercado ilícito, de 433,54 euros.
DISTRIBUCIÓN
Según Fiscalía, uno de los principales suministradores de hachís al encausado que se la vendió formaba parte de un grupo con residentes en A Coruña, Lugo y Avilés (Asturias). A tres de ellos, les acusa de organizar la adquisición y traslado de grandes cantidades de hachís desde otras zonas de España para su distribución en las comunidades de Galicia y Asturias.
«Encargándose de buscar suministradores, negociar precios, conseguir vehículos y personas para el transporte y ocultación, así como revender la droga a otros distribuidores a menor escala», señala. Además, apunta a distintos valores en el mercado ilícito, en algún caso superando los más de 11.000 euros, en relación a la droga incautada en los registros realizados.
En el marco de este operativo, en marzo de 2019, fueron detenidas otras personas de las que Fiscalía asegura que «colaboraban individualmente con miembros del grupo criminal», entre ellos uno que se encargaba «de una plantación de plantas de cannabis para proveerse de marihuana». Los registros se realizaron también en viviendas de Madrid donde se incautaron distintas cantidades de resina de cannabis.
ACUERDO DE DEFENSAS Y FISCALÍA
En el juicio, y tras aceptar las penas en base al acuerdo llegado por las defensas y el Ministerio Público, se procedió también a la lectura pública de la sentencia condenatoria contra los diez, entre los que algunos se encontraban en prisión. Otro siguió la vista por videconferencia.
Las penas oscilaron entre los tres y seis meses de cárcel y el año de prisión por delitos contra la salud pública, con multas que fueron desde los 200 euros hasta los 200.000 euros. A tres de ellos, se les impuso también tres meses de prisión por pertenencia a grupo criminal. En algún caso, se tuvo en cuenta la agravante de reincidencia y la atenuante de grave adicción.
