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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que «Galicia no puede avalar» el plan de desescalada presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un documento con «algunas luces y muchas sombras». Entre estas últimas, ha situado que se tome como referencia la provincia, una figura administrativa «del siglo XIX» y que parte de una división territorial concretada en 1883.
Tras quejarse de que, pese a lo que pone el documento del Gobierno, no se ha «consensuado» el plan con las comunidades, Feijóo ha admitido que Galicia cumplirá las directrices estatales, como «siempre» hace, pero ha apelado a que el documento que se ha dado a conocer sea «mejorado y rectificado«.
«Estamos a tiempo», ha dicho el máximo mandatario gallego, y ha pedido a Sánchez que tenga en cuenta la opinión de las autonomías aprovechando el foro de la videoconferencia de presidentes que se celebra cada domingo –y donde, a su modo de ver, se debería aprobar el plan definitivo–.
Feijóo ha celebrado que se despejen algunos horizontes y que la desescalada sea «gradual», pero entre las cuestiones que, bajo su punto de vista, deben rectificarse, ha situado la falta de atención específica al ámbito rural y la «movilidad provincial». La Xunta mantiene que la referencia debería ser el área sanitaria y que lo lógico es atender a criterios de salud y no administrativos.
Es decir, defiende que llegado el momento pueda haber movilidad entre dos provincias si la situación epidemiológica es similar. A modo de argumento, ha indicado que, por ejemplo en el caso de Galicia el 10 por ciento de su población, casi 270.000 gallegos, vive en 70 municipios limítrofes entre provincias.
Más allá, ha reclamado que el Ejecutivo aclare los «criterios sanitarios» exactos que permitirán a cada territorio pasar de una fase a otra. «La incógnita fundamental es cuáles son los parámetros y variables que se van a emplear en cada fase. No se concreta el punto de corte, no sabemos a partir de qué datos sanitarios el Gobierno va a autorizar el paso a la siguiente fase», ha lamentado.
QUE NO HAGA «OÍDOS SORDOS» A LAS COMUNIDADES
Feijóo ha dirigido buena parte de su intervención a pedir al Gobierno que no haga «oídos sordos» a las comunidades, que ha erigido en «colaboradores necesarios e imprescindibles» para «acertar» en el marco de una crisis excepcionalmente compleja.
Frente a «imposiciones» y, tras remarcar que autonomías y ciudadanos se han comportado con «lealtad» y «responsabilidad histórica», ha proclamado: «Estamos juntos en esto y compartimos el mismo objetivo, conseguir una desescalada segura, prudente, progresiva y eficaz».
Todo ello, tras quejarse de que el plan presentado por Sánchez, que Galicia «no va a avalar» porque halla en él «serias lagunas de eficiencia y utilidad», no fue negociado «ni mucho menos consensuado» con las comunidades. Así, ha concluido que este documento debería ser «un punto de partida», antes de aprobar un plan definitivo en la próxima videoconferencia de presidentes.
«Entramos en una fase crucial de la respuesta a la pandemia y la mejor manera de afrontarla es trabajando de forma coordinada y leal, y no a golpe de imposiciones del boletín oficial, con órdenes ministeriales que salen de manera continuada y constante, en una situación de una enorme improvisación», ha abundado.
MOVILIDAD PROVINCIAL Y FALTA DE ATENCIÓN AL RURAL
Entre las «sombras» del plan, Feijóo ha echado en falta un tratamiento específico para el rural. «Estamos hablando de un plan pensado en realidades urbanas y no en realidades rurales», ha afirmado, antes de apelar a replantear la movilidad provincial
De este modo, el titular de la Xunta ha incidido en que se tenga en cuenta el área de salud y no la provincia como unidad de capacidad del sistema sanitario.
A su modo de ver, «no tiene sentido que un señor de Padrón pueda ir a Ortigueira, pero no a Pontecesures».
Del mismo modo, además de insistir en que los parámetros sanitarios deben ser clarificados y consensuados con las comunidades para llegar a un criterio «objetivo» que no dependa de la «interpretación» del Ministerio, entiende que «debería de hablarse de los servicios de urgencias y emergencias, al igual que se habla de la atención primaria, hospitalaria y UCIs, porque es a ellos a los que llegan los casos en primer lugar».
Y no coincide tampoco la Xunta en las franjas de edad para la desescalada. A su modo de ver, para los mayores debe ser «de 69 en adelante y no de 65″. «Debería subirse de 69 en adelante y de 69 hacia atrás, y tenemos razones sanitarias y clínicas para defenderlo», ha apostillado.
OTRAS INDEFINICIONES Y NO A PRORROGAR SEIS SEMANAS LA ALARMA
Asimismo, el presidente gallego ha destacado la «indefinición» que existe en los criterios de reapertura en distintos sectores económicos como, por ejemplo, en el comercio, en la actividad pesquera o en la restauración.
Y ha resaltado, finalmente, la necesidad de despejar las incógnitas sobre la duración del estado de alarma, ya que, bajo su punto de vista, difícilmente se puede hablar de pasar «a la nueva normalidad» si hay una situación tan excepcional.
«No podemos mantener ‘sine die’ un mecanismo tan excepcional en la democracia», ha defendido. Posteriormente, preguntado por el marco electoral gallego, se ha esforzado en desvincular ambas cuestiones, pero sí ha precisado que España «no se merece seis semanas más de estado de alarma», convencido de que hay fórmulas legales que permiten aplicar el plan de desescalada.
