¿Para qué queremos un alcalde?

Enrique Barrera Beitia

La Ley de Régimen Local obliga a los concellos a cumplir determinadas obligaciones, como organizar el tráfico, regular el urbanismo, mantener bibliotecas, mercados y cementerios, garantizar el suministro de agua y de alumbrado, ofrecer instalaciones deportivas, parques, y jardines, tratar debidamente la basura, y según el tamaño de la población, disponer de transporte público y parque de bomberos. Dependiendo de
cómo los alcaldes gestionaban todo esto, los vecinos les castigaban o premiaban en las urnas.

Sin embargo, la propia evolución de la sociedad, y el hecho nada baladí de que el ayuntamiento sea el escalón administrativo más accesible para el ciudadano común, hace que la opinión pública le exija desde hace tiempo otras competencias no obligatorias relacionadas con el desarrollo económico o las comunicaciones. En buena lógica, los parlamentarios de la ciudad deberían montar una oficina para atender este tipo de demandas y darles recorrido, pero en general permanecen bajo el radar, por lo que el alcalde empieza siendo sólo un negociador o intermediario con la administración autonómica y central, y termina siendo responsabilizado por las decisiones de estas instancias; no es que se metan en camisas de once varas, pero casi.

A fin de cuentas, los plenos municipales aceptan debatir mociones para exigir a
Donald Trump cambios en la política migratoria de EE.UU, o a Bolsonaro que protega el Amazonas.

El ejemplo más claro lo tuvimos en Ferrol con Manuel Couce Pereiro, en cuyo mandato se crearon los servicios sociales municipales, se compró el Teatro Jofre, se puso a disposición de la Universidad el campus de Esteiro sin coste para el contribuyente, y se realizaron muchas obras como Porta Nova, los complejo deportivos de A Malata, Caranza y Bertón, el parque del Inferniño con su centro cultural, el aparcamiento del Cantón, etc. Sin embargo, la política industrial del gobierno central en el sector naval se lo llevó por delante, al igual que a sus socios de gobierno.

¿Qué se exige ahora al alcalde de Ferrol? Depende de a quién hagamos la pregunta, pero junto a las demandas estrictamente municipales, y las que requieren la cooperación de otras administraciones como lanzar la candidatura de Ferrol como Patrimonio de la Humanidad, o eliminar el talud de As Pías, aflorarán otras que en “stricto sensu” recaen exclusivamente en la Xunta o en el Gobierno Central, como la diversificación industrial o la mejora de las comunicaciones ferroviarias. Es decir, se exige al alcalde que “hable con los suyos” para que “cumplan con lo nuestro”, porque en este país son muy pocas las localidades que se consideran razonablemente bien tratadas, y todas cultivan mejor o peor el irredentismo.

El momento actual permitía cierta ambigüedad, porque mientras el gobierno central es una coalición de izquierdas la Xunta está en manos del PP, pero si como es previsible se produce el 5 de abril un cambio en Galicia, la exigencia ciudadana sobre nuestro alcalde para rebasar sus competencias será mayor. Digo“si como es previsible”, no sólo porque la tendencia histórica en Galicia empuja a un relevo, sino también porque la tendencia a alinear políticamente la autonomía con el estado activará a los “votantes swing”,que no son muchos pero serán suficientes.