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Para las once y cuarto de la mañana se convoca delante del edificio de los juzgados, en la calle de A Coruña, una concentración en solidaridad con las trabajadoras del Concello de Mugardos que vieron vulnerados sus derechos fundamentales a la huelga durante la jornada del 8 de marzo.
Esta protesta se realiza coincidiendo con el juicio por las denuncias presentadas por estos hechos contra la alcaldesa de Mugardos.
Hay que recordar que la alcaldesa el 8 de marzo obligó a dos trabajadoras a acudir a sus puestos de trabajo saltándose así el acuerdo de servicios mínimos logrado con la representación social en la víspera de la huelga de mujeres en el que no estaban incluidas estas dos trabajadoras.
Galicia Ártabra informó
Según informaba la CIG “El pasado 8 de marzo, coincidiendo con la jornada de huelga de mujeres, la alcaldesa de Mugardos, Pilar Otero ( IU), obligó a dos trabajadoras a acudir a su puesto, saltándose así el acuerdo de servicios mínimos conseguido con la representación social en el que no estaban incluidas estas dos empleadas. Ante estos hechos, la CIG-Administración presentó denuncia en el juzgado por la violación del derecho fundamental a la huelga de las trabajadoras, solicitando que se imponga al Ayuntamiento la sanción máxima establecida en la orden social y cuyo juicio se celebrará el próximo 14 de mayo.
En este marco, explica la CIG-Administración, “es en el que el pasado 7 de marzo cuando se acuerdan los servicios mínimos en el Ayuntamiento de Mugardos para la huelga de mujeres, en el que no fueron incluidas estas dos trabajadoras. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando, en el último momento y a través de un mensaje de texto, el Ayuntamiento las obligó a acudir a su puesto de trabajo el 8 de Marzo, sin respetar el acuerdo alcanzado con la representación social”.
La respuesta de la CIG “a este ataque” fue inmediata, situando desde la primera hora de la mañana del día 8 un piquete en la puerta del Ayuntamiento. Las trabajadoras afectadas, después de estar más de media hora delante de la puerta cerrada de la casa consistorial accedieron a su puesto de trabajo.
Después de una valoración de los hechos ocurridos en esa jornada, la CIG decidió denunciar en vía judicial “esta violación del derecho fundamental a la huelga que se produce, además, en una fecha tan significativa para la reivindicación de los derechos de las mujeres como el 8 de Marzo, solicitando que se imponga al Ayuntamiento y la Alcaldía la sanción máxima recogida en la orden social para esos casos, establecida en 25.000 euros”.
