Enrique Barrera Beitia
En este momento de bronca y falsas noticias, estaría bien recuperar el consenso que hubo entre 1975 y 1977, cuando la oposición democrática y los aperturistas de la dictadura se dieron cuenta de que ningún bloque podía imponerse al otro de manera clara, y terminaron consensuando sus discrepancias con la estrategia del “te doy para que me des”.
Soberanía Compartida, y dos partidos autorizados.
Cuando a Franco le quedaban pocos años de vida, los gobiernos de EE.UU y de España planificaron conjuntamente los pasos a dar. Sabemos que se optó por un sistema de Soberanía Compartida entre la Corona y un parlamento bicameral, con un Congreso de Diputados elegido por sufragio universal cada cuatro años, y un Senado elegido por el Rey y diversos organismos del estado cada seis años. El Rey y el Consejo del Reino elegirían al presidente del gobierno, y la elaboración de la futura constitución se encargaría al Senado.
Para las elecciones se autorizarían dos partidos destinados a alojar a las diferentes familias políticas que habían participado en el Movimiento Nacional y en las Cortes Orgánicas; uno giraría en torno a la Falange, y el otro lo integrarían miembros del Opus Dei, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y monárquicos.
Se pretendía obtener el reconocimiento democrático del exterior, e ingresar en el Mercado Común, pero lógicamente esta petición fue rechazada; desde Europa se exigía abrir el abanico de partidos autorizados, y amnistiar a los presos políticos. Al presidente del gobierno (Carlos Arias Navarro) le pareció inaceptable y fue cesado por el Rey.
El PCE y la autodisolución de las Cortes Orgánicas; el Programa Jano.
Cuenta el ministro de Asuntos Exteriores (José María de Areilza) que cuando se entrevistó en EE.UU con Henry Kissinger, este le dijo que no se iban a oponer a la legalización del PCE, pero preferían que se retrasara varios años. También le dijo que no hiciera caso a las exigencias de los europeos, y que debían convocar las elecciones cuando tuvieran un partido que pudiera ganarlas. Para ello proporcionó un potente ordenador que puso en marcha el Programa Jano, un fichero actualizado de miles de personas relevantes para conformar ese partido, y establecer lealtades.
Con Adolfo Suárez como nuevo presidente de gobierno se aceptó la inclusión de los socialistas, y se comunicó al PCE que sería legalizado una vez que hubieran transcurridos un par de elecciones. Naturalmente, los comunistas no aceptaron, pero existía el convencimiento de que gobiernos como el francés y alemán, darían el visto bueno.
El Servicio Central de Documentación (SECED) utilizó un superordenador de IBM para controlar a las élites sociales y empresariales. Su responsable, el general Juan María de Peñaranda (a la derecha), creía que más que por la oposición, “el principal peligro del régimen era el propio régimen y la corrupción”.
Nadie discute que lograr la autodisolución de las Cortes Orgánicas fue una operación política clave, y muy laboriosa. Por documentos desclasificados sabemos que aunque pudo haber algún soborno con dinero procedente del “fondo de reptiles”, la clave fue el ofrecimiento de las grandes empresas españolas para acoger en sus consejos de administración a 340 procuradores. La patronal sabía que la crisis económica que había estallado en 1973 sólo se solucionaría ingresando en el Mercado Común (la actual Unión Europea), y que ello era imposible siendo una dictadura. Es la manera que tuvieron de ayudar.