De los azotacalles a los “vendepatrias”

José Manuel Otero Lastres
Todos, incluso los menos interesados por la política, tenemos una ideología, es decir, un conjunto de ideas sobre el modo en que deben gestionarse los asuntos públicos. El ideario de cada uno es como los aluviones de un río: son los sedimentos que ha ido depositando nuestro vivir provenientes –en términos de Ortega y Gasset- de una doble fuente, el propio yo y la circunstancia que va determinando nuestra existencia.

Por lo general, la mayoría de los ciudadanos tienen una ideología de brocha gorda: no perfilada con finos trazos, sino a grandes rasgos. Razón por la cual suele ser poco firme y no demasiado combativa. Me expresaré mejor: en las pocas cuestiones esenciales la idea es clara y está firmemente asentada, pero en las accesorias los pensamientos son más difusos y cambiantes. Precisamente este “relativismo ideológico” de la generalidad de los gobernados es el que hace posible la alternancia en el poder y, consiguientemente, la  convivencia democrática.

Pero cuando la lucha por la conquista del poder político se radicaliza, los políticos -protagonistas profesionales de la contienda- suelen extremar sus posiciones y trasladan, a través de la escenificación mediática de la actividad política actual, una visión unidimensional y muy esquemática de la vida pública. Se tiende entonces a un pensamiento extremado, cerrado, sin ventanas abiertas para que entre el aire fresco del ideario ajeno.

Y es entonces cuando las ideas políticas tienden a convertirse en creencias. Se forma una doctrina que hay que creer en bloque, sin posibles disidencias, y en ese campo de cultivo crecen más los obedientes que los críticos. El debate ideológico se empobrece notablemente, porque no hay pensamientos originales, ni confrontación de ideas, sino defensas cerriles de la doctrina oficial que se expande con las consignas o dogmas que proclaman los dirigentes.

La España política de hoy se caracteriza por una durísima lucha por la conquista del poder. Pasados los años iniciales de asentamiento democrático en los que gobernaron los partidos de centro derecha, se abrió un amplio período de veinte años en el que gobernó la social democracia pilotada por Felipe González. A partir de entonces hubo alternancia entre el PP y el PSOE, pero sin que los dirigentes políticos hubieran trasladado todavía a la ciudadanía una visión crispada de la convivencia democrática.

Ha sido, sobre todo, a partir de la crisis económica que comienza en torno a 2008 y cuyos efectos se extienden hasta hace bien poco, cuando la legión de azotacalles que ocupaban las vías y plazas públicas fue contagiando a otras capas de la sociedad, más favorecidas, una sensación generalizada de “injusticia social” de la que serían responsables, políticamente, los políticos tradicionales y, socialmente, las llamadas clases extractivas y dominantes.

En este estado de cosas, nadie asume su propia responsabilidad, siempre hay un culpable que es el “otro” y en esta desestructuración del sistema democrático en el que se exacerban los derechos y se minimizan las obligaciones son pocas las voces que defienden sin rubor y con ahínco el Estado social y democrático de Derecho que nos dimos todos con la Constitución de 1978. Hoy florecen los aventureros, los que depredan el dolor de la ciudadanía para medrar al abrigo de unos partidos políticos que prometen los imposible y que pactan con los que viviendo de las estructuras políticas creadas por la Constitución luchan abiertamente por vulnerarla.

Afortunadamente, la vida pública empobrecida no suele durar mucho. La gente que piensa acaba por reaccionar y, tengo la esperanza de que tras denunciar la decadente vida política, haga florecer un pensamiento crítico que ponga al descubierto la miseria intelectual de los políticos profesionales que son capaces de vender su patria a cambio de la ocupación pasajera del poder