Los pensionistas salen a la Calle (II)

Juan Cardona Comellas- juan@juancardona.es

Continúan los pensionistas con su protesta en las calles. En algunas ciudades comenzaron hace meses con sus reivindicaciones, hoy en día ocupan las cabeceras de los diarios y abren espacios televisivos. Nuevas estrellas mediáticas aparecen en la tele como la «tripensionista» «Paquita», de noventa y dos para noventa y tres y sin obligaciones a su cargo según se define ella. Protesta no por sus hijos —que no los tiene—, ni por su pensión, sino por los hijos de los demás, el último sábado estuvo acompañada en la «Sexta» por la abogada Cristina Almeida, que igualmente no protesta por su pensión (cuasi máxima por 10 años en las Cortes), sino por los demás.

El mensaje que transmiten los manifestantes es cuanto menos confuso y no se esclarece si atendemos a las pancartas que lucen exigiendo mejora de las pensiones, eso sí: con un trasfondo eminentemente político anti-gobierno. Tampoco favorece la claridad en la reivindicación la presencia de los sindicatos, o las «mareas», o del partido que hace unos años las congeló. Hay algunas reclamaciones claras, como la de anular el paupérrimo aumento del 0,25% y vincularlas nuevamente al IPC, o conseguir una mejora en las pensiones más modestas y en las mínimas. En otros casos se demanda la subida por tener que sostener o ayudar a hijos y nietos: cuando son situaciones ajenas a la reclamación en sí (con excepción de algunas pensiones de viudedad u orfandad). Otros buscan explicaciones y excusas para justificar la falta de cotización o que se haya hecho por la base mínima. Solamente en un segundo plano se apunta la sostenibilidad del sistema sin aclarar soluciones concretas.

Defender «Pensiones dignas» o «Pensiones justas» es compartido, me atrevo a decir, por todos los españoles, pero al referirnos al aspecto material de cómo se mejoraría el sistema cada grupo político y sindical tira por un camino distinto sin realizar un planteamiento consensuado serio a medio y largo plazo.

La creación de nuevos impuestos finalistas, el retoque en las bases de cotización, la mochila austriaca, ampliar la edad de jubilación y demás propuestas del gobierno y oposición no van a solucionar por sí mismos el problema que supone el aumento del número de pensionistas y al mismo tiempo mejorar las cuantías de las pensiones más bajas.

Hay que tener en cuenta que cada año que pase se necesitaran 3.800 millones más por la simple incorporación de nuevos pensionistas (sin contar con las actualizaciones), que lo hacen con pensiones más altas que los que salen del sistema.

Ante la petición de subir de manera sustancial las pensiones mínimas y elevarlas a la categoría de «dignas» es conveniente cuantificar su coste. Sabemos que en la actualidad hay 5 millones de pensiones que no alcanzan el SMI, una subida de 100 €/mes a este grupo supondría 6.000 millones de euros al año.

La cantidad mensual de subida lineal supondría un desahogo importante a estos pensionistas, pero al mismo tiempo el estado tendría que buscar nuevos recursos para cubrir este aumento de gasto. Es fácil argumentar que el gobierno sí dispuso de ese dinero para el rescate de las autopistas o del «Castor» de ACS, es verdad, pero sería un parche para un año y habría que buscar financiación para los años siguientes.

La actualización al IPC anual (1,2%), un grito casi unánime en las manifestaciones, supondría que la masa de pensiones se incrementase en 1.800 millones. El gobierno no esperaba la reacción de los pensionistas ante la noticia de la «subida» del 0,25%; de saberlo buscaría esa cantidad para abortar la reclamación. El fondo del problema no está en la actualización, es solamente la punta de iceberg. Parece poco probable que por 8,8 € al mes de media se movilizasen millones de pensionistas. El malestar general, además de la metedura de pata del 0,25, se debe a la manifiesta falta de claridad del gobierno en exponer el problema del futuro del sistema. Al publicar que a partir de 2018 las pensiones se reducirán en función del factor de sostenibilidad no se explicó bien que se refería a los nuevos pensionistas y no a los veteranos. El gobierno tampoco ha sido capaz de explicar el desastre demográfico en el que estamos sumidos y que es el problema más importante que acecha al sistema público de pensiones. ¡No habrá trabajadores suficientes para atender las pensiones de sus mayores!

La población española en el año 1959 era de 30 millones; 15 años después (1974) la población aumento en 5 millones y después de otros 15 años (1989) se alcanzaron los 40 millones, continuó la expansión hasta los 46 millones del año 2009. Desde esa fecha está la población estancada a la baja y las previsiones son que en 2031 seremos medio millón menos y en el lejano 2066 rozaremos los 40 millones, año en que se prevé que la población mayor de 90 años sea superior en un 50% a la comprendida de 0 a 4 años, y uno de cada tres españoles tendrá más de 70 años.

Si nos fijamos en la representación gráfica de la población, marcando escalones de 5 en 5 años y considerando el vértice en la edad más avanzada, vemos que la pirámide resultante mantiene una figura clásica desde principios del siglo XX hasta la Guerra Civil, pasados los años, en 1950 la base de 0 a 4 años representaba el 18%, pero existían segmentos mayores entre 15-19 años y 20-24 años (nacidos antes de la Guerra). En los 70 la población parece recuperada con el efecto «baby boom», pero a partir de esos años la base se va estrechando hasta un paupérrimo 4,3% de la población, de seguir así el árbol se truncará en la base y se ira secando con los años.

No se ve a los políticos con propuestas para equilibrar la pirámide de población con medidas de fomento a la natalidad, tan solo tienen ocurrencias que no van más allá de las próximas elecciones. El problema de la evolución de la población es quizás el más difícil de resolver hoy por hoy mientras no se mejore el índice de fecundidad (tasa de reposición) de 1,3 niños nacidos por mujer en edad fértil. Para mantener la población se necesita subir la tasa a 2,1. Aun mejorando este índice se tardarían muchos años en equilibrar la pirámide de población con una base suficiente para sustentarla.

Ante el grave problema demográfico y la llegada de la nueva era tecnológica no valen soluciones o parches de subir o bajar impuestos, ni pensar que la emigración supone una solución de bajo coste. Hay que hacer un esfuerzo e imaginar cómo será la vida dentro de 30 o 50 años, época en que los nacidos hoy estarán en plena madurez laboral y los que hoy se incorporan al mundo del trabajo se encuentren próximo a su jubilación. Sin hacer un «Matrix» supongamos que la población (residentes en España) dentro de 50 años sea la prevista por el INE de 41 millones de los cuales tendrán más de 65 años 14 millones (34%) frente a los 8 millones y medio actuales (18%), no solamente se incrementará el montante de pensiones, sino que se dispararan los gastos sanitarios y de dependencia: habrá más de 1 millón de personas mayores de 95 años.

Habrá sectores que dejarán de tener su influencia en la sociedad. La robótica hará descender el número de ocupados en los procesos industriales y se impondrá en el agrario, el mundo de la pesca derivará en la acuicultura haciendo del pescador una figura del pasado. La construcción modular, tanto en vivienda como en obra pública, desplazará a la tradicional con una importante reducción de operarios. El comercio, tal como lo conocemos actualmente, se inclinará ante el comercio electrónico que combinado con la domótica tendrá un peso importante en nuestros hogares. Nuevas formas de energía sustituirán a las clásicas con su influencia en el transporte, y así en otros muchos sectores. Una forma de prepararse para tanto cambio que nos espera será el contar con una población preparada. Hay que acomodar los planes de estudio a las futuras demandas de ofertas de empleo y tener en cuenta que acudirán a nuestro país inmigrantes, para cubrir nuestra carencia de población, a los que habrá que formar debidamente.

Las nuevas tecnologías desplazarán a parte de los trabajadores actuales, pero con seguridad aumentará la productividad de las empresas e igualmente se mejorará la competitividad con las del exterior, revertiendo mayores beneficios por lo que se podrán subir la retribución de los empleados: con mejores sueldos, mayor recaudación y mejores pensiones. Las nuevas tecnologías van parejas a una mayor y mejor información, hay que aprovecharla para acabar con la economía sumergida: no parece tarea difícil unificar registros de la propiedad, utilizar datos de consumo, signos externos y unirlos a los de la propia Hacienda Pública.

Intentemos arreglar, entre todos, el problema demográfico. La conciliación familiar y laboral es imprescindible para contar con nuevos españoles. Hay que hacer un esfuerzo para ampliar sustancialmente el subsidio por maternidad, la educación de los alevines debe de incorporarse a la educación gratuita; las nuevas guarderías tienen que ponerse en marcha cuanto antes con un plan formativo básico y común. La formación profesional debe de potenciarse y modernizarse, igual que la educación universitaria contando con becas y ayudas o créditos reembolsables que premien el esfuerzo y la excelencia que es lo que conduce a una verdadera igualdad de oportunidades. Aunando formación y juventud conseguiremos mayores recursos que puedan atender con dignidad a sus mayores.