Enrique Barrera Beitia
Una metrópolis es un área que agrupa conurbaciones que mantienen intensas relaciones entre sí, conformando un territorio económico muy definido. En España se identifican oficialmente 67 áreas metropolitanas clasificadas en cuatro niveles; Coruña y Vigo están en el nivel 3 y Santiago de Compostela y Ferrol están en el nivel 4. Sorprendentemente, no he visto en ningún listado el área metropolitana de Pontevedra, cuando es evidente que existe.
El criterio para definirlas varía. Con el más ámplio, la de Ferrol abarcaría 20 municipios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, con 1.584 kilómetros cuadrados y 207.329 habitantes. Sin embargo, es más objetivo el criterio que contempla la existencia de amplios “vacíos metropolitanos”, con municipios que no interactuan con ningun área, o al no tener consolidada una relación preferente fluctúan entre varias. Con este criterio, tendríamos la siguiente relación:
La supresión de los peajes en la autopista del Atlántico
Los intereses de Ferrol pueden ser defendidos más eficazmente en su conjunto metropolitano, una estrategia que todavia no está asumida en Ferrol, donde se insiste en actuar en solitario ante las diferentes administraciones.
En enero de este año, el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia pactaron la eliminación del peaje de la AP-9 entre Vigo y Redondela, argumentando que mejoraría la competitividad y la actividad económica. Creo justo decir que si se da este paso, tiene que darse otro similar para eliminar el peaje entre A Coruña y Ferrol, salvo que el gobierno autonómico gallego pretenda dar un trato de favor a unos en detrimento de otros.
Los datos oficiales del paro por concellos en enero de 2018, respalda la necesidad de igualdad en el trato:
¿Compensar o nacionalizar la autopista?
La eliminación de los peajes pasa por compensar económicamente a las concesionarias, subiendo la tarifa a los usuarios en los otros tramos. Por eso, dichas eliminaciones deben limitarse a los territorios donde los márgenes de recuperación económica sean mayores, por el menor aprovechamiento de sus equipamientos industriales y su mayor desempleo.
Por supuesto, dado el carácter estratégico de la AP-9, cabría valorar una alternativa más radical y seguramente más ecuánime: el traspaso de la competencia de su titularidad a la Xunta, algo que en su momento fue rechazado por el gobierno central.