Juan Cardona- ( juan@juancardona.es)
Hay decisiones políticas que exigen algo más que razón, mayoría suficiente y estar acorde a la ley, también es exigible la oportunidad. El momento en que se toman decisiones, sobre todo las de gran alcance o profundidad, es fundamental hacerlo en el instante oportuno y en muchos casos la anticipación desarma y deja fuera de la legalidad conductas previsibles.
No será por «no avisados», el gobierno del «presilente» Rajoy dejó trascurrir plácidamente cuatro años de mayoría absoluta sin deshacer las populistas medidas del presidente anterior con respecto a la convocatoria de referendos, prohibidos por ley (2003 Aznar). Instalado en una cómoda mayoría absoluta en Congreso y Senado, Rajoy aplicó la ley del mínimo esfuerzo y dejó en el olvido la Ley sobre referendos ilegales, no tocó ni reformó la Ley Electoral (1985) que funciona «a beneficio propio» en el bipartidismo, tanto en elecciones a Cortes como Municipales pero produce resultados sorprendentes cuando concurren más partidos con opciones (véase Madrid, Barcelona o el «mareante» Ferrol) o en las recientes catalanas donde un Leridano tiene mucha más influencia que un Barcelonés. Tardó una enormidad en dotar al Constitucional de poder ejecutivo.
Abandonado el «presilente» Rajoy por parte por su electorado aún redujo más su actividad. Viendo lo que se le venía encima por parte de un nuevo Mesías independentista fue incapaz de salirle al paso y se dejó ganar envite mediático tras envite, tanto en España como en el extranjero. A pesar de que la vicepresidenta «montó» despacho en la ciudad Condal su ineficacia fue absoluta. Siguiendo con su particular modo de considerar el trabajo público, derivó toda la responsabilidad para acallar el separatismo catalán al poder judicial (bendito número 13 de Barcelona) y al Tribunal Constitucional. Cuando no tenía más salida hizo uso de las atribuciones que la Constitución le otorga en el famoso 155. Optó por la versión descafeinada, se conformó con nuevas elecciones y dejó intacta la capacidad de propaganda de los secesionistas: fracaso absoluto condenando a su partido a unos exiguos cuatro parlamentarios.
Nuevamente contra las cuerdas en el penúltimo round Rajoy encargó a la «ViceGioconda» Soraya que desmontara las pretensiones presidencialistas del moderno «Fugitivo». Personaje de opereta que campa a sus anchas en tierras flamencas y danesas entre conferencias y paseos por Bruselas con tapa de mejillones incluida, hasta que rendido se recoge en la suit presidencial del hotel «Husa President Park». Armada de valor, sin perder su sonrisa enigmática, la vicepresidenta después de un continuo alabaré de logros económicos en conferencia de prensa anunció la presentación de un recurso ante el Constitucional para la paralización del pleno en el que se nombraría presidente a Puigdemont, ya que presuponen que continuará en la situación de «prófugo».
Primer revés: El Consejo de Estado presidido por Romay Beccaría, a sus 84 años, con Landelino Lavilla de vocal (83) y otras viejas glorias como Herrero de Miñón o María Teresa Fernández de la Vega emiten un informe negativo a las pretensiones gubernamentales, por considerar que la candidatura de Puigdemont es todavía una mera «hipótesis». La vicepresidenta anuncia que de todas formas seguirá adelante con el recurso, ya que: «El Gobierno tiene argumentos legales suficientes para interponerlo» y que la mera aceptación supondría la paralización del nuevo «procés».
Segundo revés: Los letrados del Constitucional en informe previo son igualmente partidarios a la no aceptación.
Tercer revés: El ponente del Constitucional Juan Antonio Xiol, catalán y de talante progresista hace suyo el informe de los letrados. Se alarga el debate hasta 10 horas intentando llegar a un acuerdo unánime.
Cuarto revés: El Constitucional aplaza la decisión de aceptar a trámite el recurso hasta estudiar las alegaciones de las partes, fijando 10 días de plazo.
La victoria: De un resultado escandaloso en contra, se convierte en victoria, para la gente de bien, al acordar por unanimidad los magistrados del Supremo suspender cautelarmente la sesión parlamentaria de investidura, pero sólo en el supuesto de que el debate con Puigdemont no sea presencial. Añadiendo expresamente la negativa a la investidura telemática y suspenden, igualmente, el voto delegado desde el extranjero y por último en caso de presentarse necesitaría la autorización del juez Llarena: el Constitucional haciéndole el trabajo al Gobierno. Rajoy descansa y Soraya sonríe,
Queda pendiente en este esperpento por saber si el prófugo se presenta a tiempo, o no; y si el juez, en caso de presentarse, le autoriza la participación en el debate. Ahora el protagonismo pasa al secesionista Roger Torrent, presidente de la mesa del parlamento catalán, que puede seguir las órdenes del Constitucional y proponer un nuevo candidato o puede que se enroque, presionado por las CUPS y otros independentistas, y haga con esto que continúe en vigor el 155. Esta vez esperemos que el «presilente» Rajoy lo extienda el tiempo necesario hasta que las aguas vuelvan a su cauce y sea el ejecutivo el que lleve las riendas: potenciar las Inspecciones educativas, limitar las funciones de los Mossos, conseguir una Televisión pública plural, que aclare las cuentas de multitud de publicaciones y organizaciones clientelistas y parasitarias, etc. Todo esto bajo la sonrisa de Soraya y el silencio respetuoso de Rajoy viendo como el tiempo lo cura «casi todo».