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Los ayuntamientos de Santiago, Ferrol y A Coruña -gobernados por Compostela Aberta, Ferrol en Común y Marea Atlántica, respectivamente- han presentado una serie de alegaciones al decreto de inclusión social de la Xunta y piden que se modifiquen los criterios de acceso a la Risga para que se adecuen «a las necesidades de las personas en riesgo de exclusión social».
De ello han informado los consistorios a través de un comunicado conjunto en el que reclaman que «la red de prestaciones mínimas» llegue al «conjunto de las personas, garantizando que todas tengan unos ingresos suficientes para vivir con dignidad y cuenten con servicios de apoyo suficientes». Las alegaciones han sido remitidas a la Administración autonómica por las concejalas de políticas sociales de Santiago (Concha Fernández), A Coruña (Silvia Cameán) y Ferrol (Saínza Ruiz), que piden a la Xunta que modifique los criterios de concesión de las ayudas sociales.
La edil de Ferrol Saínza Ruíz ha censurado que la Xunta actúe de «forma unilateral» y «sin contar con el colegio profesional de trabajo social, sin participación social y sin tener en cuenta a los ayuntamientos» en su reforma del sistema de la Risga.
AUMENTO DE LAS CUANTÍAS
Así las cosas, los consistorios de Santiago, Ferrol y A Coruña instan al Ejecutivo autonómico a revisar las cuantías mínimas de las prestaciones sociales dependientes de la Xunta para que sean «actualizadas y adecuadas» a la situación socioeconómica del entorno y cubran las «necesidades básicas» de los demandantes.
De este modo, recuerdan que las cantidades de las ayudas «deberían ser acordes» con el Salario Mínimo Interprofesional. «No se puede aceptar que en el año 2018, habiendo incorporado como criterio de referencia el SMI, se parta como base del tramo personal el 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem)», ha incidido Sainza Ruíz, que apunta que esta cantidad ronda los 400 euros.
Por otra parte, censuran que la reforma de la ley autonómica mantenga «la exigencia de algún factor de exclusión social», lo que, según señalan, «vuelve a dejar fuera de acceso a esta prestación de un colectivo poblacional importante que presenta como único factor la carencia de recursos económicos». Además, critican que se mantenga la «regla de compatibilidad» en los casos de dependencia, algo que, para las administraciones locales de Santiago, Ferrol y A Coruña, «significa no reconocer económica y socialmente los trabajos de cuidado de personas dependiente«.
Por último, expresan que «en ningún caso» la situación de residencia legal de una persona «puede ser un requisito de acceso» a las ayudas públicas. «Una vez más se pone en serios problemas a las personas emigrantes retornadas que, teniendo 65 años, no cumplen con el requisito de residencia en España para tener derecho a la pensión contributiva», señalan los ayuntamientos. De este modo, reclaman que se modifique este límite de edad y que se elimine la incompatibilidad de la Risga con la pensión no contributiva, ya que entienden que «las personas beneficiarias de esta prestación están en una situación de precaridad».
