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En la mañana de este lunes se ha celebrado un juicio en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ferrol por denuncia formulada por una arrendataria contra su inquilina tras varios meses de impagos, quedando visto para sentencia que se espera conocer en el plazo entre diez y quince días mientras que la abogada de la denunciante pide que se proceda al desahucio antes del día 15 de febrero.
Se trata de S.T.D., madre de dos hijos, uno de ellos menor de edad, residente en el barrio ferrolano de Caranza y que debería de satisfacer un alquiler mensual de 325 euros, pero que ha dejado de abonar «desde el mes de agosto del pasado año por estar en paro y no recibir ningún tipo de prestación», como ella mismo ha asegurado a las puertas de los juzgados ferrolanos minutos antes de presentarse en la vista que estaba convocada para las 11,00 horas.
En paralelo, integrantes de la Plataforma de Afectos por la Hipoteca (PAH) de Ferrolterra y de Stop Desahucios se han concentrado a la entrada de la sede judicial ferrolana para demandar soluciones a su caso.
La inquilina ha trasladado que su situación es «muy delicada». «No tengo a donde ir ni a dónde acudir, ya que no hay respuesta a pesar de tener menores en casa y en una ciudad en donde no hay apenas trabajo», ha manifestado. «Estoy en el paro y no percibo ninguna ayuda», ha abundado.
Sobre la relación con la propietaria de la vivienda, la ha calicado de «demasiado buena». «Ella siempre me decía que me esperaba, hasta que me ha hecho esto», ha apostillado en alusión a la presentación de la denuncia por impago.
AYUDA DE EMERGENCIA
La mujer también ha asegurado que ha solicitado una ayuda de emergencia social al Ayuntamiento de Ferrol. «No he recibido respuesta, ya que he acudido al trabajador social que me corresponde, pero no he obtenido respuesta, porque no lo tenemos ahora mismo«, ha afirmado para recordar que fue «en diciembre, por no estar al tanto, cuando acudía a solicitar la ayuda de la administración local».
Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la comarca de Ferrolterra, Ignacio Martínez, ha destacado que desde este colectivo son actualmente conocedores de «hasta diez casos de estas mimas características en esta zona». Además, ha criticado que «la Xunta dice tener hasta doce medidas para paralizar los desahucios, pero los problemas no se solucionan».
El activista ha recordado que «Ferrol es una ciudad libre de desahucios, pero todo se queda para la galería, con dos mociones aprobadas en pleno por unanimidad, pero los grupos no son capaces ni de ponerse de acuerdo para poder sustituir a los trabajadores sociales cuando están de baja, de descanso o de vacaciones».
Es por ello que Martínez ha pedido «acuerdos políticos para revertir esta situación, sobre todo en el caso de personas sin recursos económicos». En el caso de Ferrolterra ha comentado existen «625 demandantes de viviendas, de los que 499 son para alquiler».
El portavoz de la PAH ha incidido que en el caso concreto que se ha tratado en los juzgados de Ferrol este lunes «no existe legitimidad para el alquiler», ya que, según ha manifestado, «esta vivienda no se puede alquilar porque existe documentación del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) diciendo que no se puede realizar esta opción, por ser una vivienda que fue comprada pero que no está registrada a nombre de la propietaria».
VERSIÓN MUNICIPAL
Por su parte, la concejala de Benestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, Saínza Ruíz (FeC), que también ha acudido a la concentración a las puertas de los juzgados ferrolanos, ha asegurado que la afectada «mañana mismo podría tener prestaciones del Ayuntamiento, aunque estas no solucionan el problema», ya que a su entender «en esta unidad familiar se mantiene en el tiempo una inseguridad económica que no puede hacer frente a un alquiler».
Por ello, ha estimado la edil ferrolana que lo que necesita esta familia es «un alquiler mucho más barato, que se lo puede proporcionar la Xunta, que es la que tiene las competencias en materia de vivienda según la legislación actual».
Sainz Ruiz aprovechó la concentración para criticar la política social de la Xunta.
OFICINA ABIERTA
Por su parte el Gobierno gallego insiste en que la delegación territorial de la Oficina Reconduce, que depende de la Consellería de Política Social y que está emplazada en el Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia permanece abierta desde su puesta en marcha en octubre del año pasado y que el servicio no se interrumpió durante las fechas de Nadal.
Además, el personal responsable de la dicha oficina atendió en varias ocasiones a la familia monoparental en riesgo de desahucio, la última el pasado viernes día 12. En esta visita, la mujer recibió asesoramiento para presentar la solicitud del bono de alquiler social del IGVS, e incluso se le ayudó a cubrirla.
La interesada quedó en dar cuenta de dicha solicitud a los servicios sociales del Ayuntamiento de Ferrol para que emitan el correspondiente informe social que debe acompañarla. Asimismo, la Oficina de Reconduce informó a la mujer de que la solución del bono lleva aparejada la busca de una vivienda alternativa.
