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María Aránzazu García Carreras, ferrolana de 31 años, ha presentado una demanda para recuperar la patria potestad de sus cuatro hijos, de 7 a 12 años y que permanecen con los abuelos maternos de los menores tras la separación de sus padres.
En rueda de prensa, su abogado, Juan Antonio Sanesteban, ha considerado en la mañana de este jueves en el transcurso de una rueda de prensa que le han sido «arrebatados de manera no muy común» y por una «actitud oscura y negligente de la Administración». La declaración de desamparo, ha añadido, data de junio pasado; su demanda, de «4 o 5 meses» antes.
Una «separación tormentosa«
La madre ha rememorado que en 2013 vivió una «separación tormentosa» y que fue «víctima de violencia de género durante siete años», sin recibir «ayuda ninguna».
Por ello, aceptó una oferta de trabajo en Inglaterra y sus padres «deciden la acogida temporal» de dos de sus hijas, mientras que ella mantenía a su cargo a los dos vástagos más pequeños; en la actualidad, todos viven en Ferrol.
Un «calvario«
Sin embargo, la Xunta instó a la acogida de los cuatro en 2014 al argumentar que los «hermanos no se pueden separar», comenzando una coyuntura que ha definido como un «calvario».
Posteriormente, conoció a su «actual marido» durante un período en que trabajó en Gibraltar, pero sus familiares la invitaron a regresar aunque allí «tenía estabilidad». «Llegué y la buena relación duró días, me restringieron ver a mis hijos», ha dicho sobre sus progenitores; aunque solicitó «visitas», se le concedió inicialmente «una a la semana en un punto de encuentro».
Además, ha remarcado que nunca «consumí ni tengo antecedentes» y que al casarse, en mayo de 2015, solicitó que acudiesen sus hijos al enlace: «Los dejaron asistir porque mis padres cedieron».
García Carreras atribuye «silencio administrativo» al departamento de Menores de la Xunta, que concedió una ampliación de las visitas, ya en el exterior de un punto de encuentro. «No hice nada para que se me retire la tutela», ha declarado, criticando que «nunca se llegó a cumplir» una «excepción temporal» y que en junio pasado «piden retirar la tutela y retirarme a los menores».
La Administración, ha reprochado, arguyó que su «marido tiene actos de índole sexual con mi hijo menor» y que habría agredido a una perra, tildando a la madre de «consentidora».
Acoso gravísimo
Ella, por contra, ha denunciado un «acoso gravísimo, mi marido es de etnia gitana y hay racismo; pido que mis hijos vuelvan, mi único error fue irme fuera para trabajar por un futuro mejor«.
A su juicio, sus hijos están «totalmente coaccionados; quieren a sus abuelos, pero también a su mamá», asegurando que habrían dicho a los menores «que su mamá no te va a poder comprar esto».
Sanesteban ha estimado que los «argumentos no se sostienen» y, sobre la denuncia de abuso sexual, ha considerado «extraño que la Xunta no activara protocolos» en caso de haber ocurrido.
