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Enrique Barrera Beitia
El 23 de enero de 2016 publiqué en esta sección un articulo titulado “Hablemos de Venezuela”, comentando la derrota del gobierno en las elecciones legislativas, y señalando como muy peligroso un escenario en el que dos estrategias políticas llevaban rumbo de colisión.
Una era la impaciencia de la oposición para deponer a Nicolás Maduro sin esperar a las próximas elecciones presidenciales, porque a diferencia de la constitución española, la venezolana es presidencialista y en la Asamblea Nacional no había la mayoría necesaria para forzar su dimisión.
La otra era la decisión del gobierno de constituir un Parlamento Comunal, una iniciativa legal pero sólo con funciones complementarias. Dije entonces que si el gobierno le concedía la capacidad de legislar, equivaldría a un golpe de estado encubierto.
Todos han buscado un golpe de estado
Desgraciadamente, se han cumplido los peores augurios por las dos partes. La oposición agrupada en la MUD (Mesa de Unidad Democrática) ha desarrollado una estrategia golpista, pero finalmente ha sido el gobierno de Nicolás Maduro el que ha ejecutado un auto-golpe. La entrega por Wikileaks de 77 cables detallando el apoyo y la colaboración del gobierno de EE.UU con el líder opositor Leopoldo López, es una prueba irrefutable de trama golpista que ha incluído el fomento del desabastecimiento y de la inseguridad ciudadana a través de grupos armados (Chicago Tribune informaba de esto en su edición del 29 de julio).
La respuesta del gobierno ha sido organizar unas elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente y refundar el modelo político. Es otra iniciativa recogida en la constitución, que implica como es lógico la disolución del anterior parlamento. Lo grave es que se ha prohibido la participación de los partidos políticos, y los votantes han tenido que eligir entre candidatos propuestos por organizaciones sociales controladas por el gobierno, que de esta forma ha podido indirectamente hacerse con la mayoría de los escaños.
Así las cosas, poco importa cuanta gente votó y si hubo o no fraude (Smartmatic lo denunció sin presentar pruebas), porque sin la participación de los partidos políticos no hay Democracia, y los parlamentarios electos el pasado 31 de julio no son depositarios de la Soberanía Nacional. Desde el 4 de agosto, Venezuela ha dejado de ser una Democracia, pero la oposición no puede presumir tampoco de credenciales democráticas.
La diferencia con el caso nicaragüense
Todo esto es un inmenso drama para una gente a la que queremos. ¿Alguien en su sano juicio cree que un bloque social que gobierna cederá el gobierno, si sospecha que se desencadenará una venganza sangrienta? Cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones en 1990, entregó pacíficamente el poder a los ganadores. Todos sabían que no había cuentas pendientes por cobrar. No es el caso de Venezuela.
El problema de escribir un artículo que escapa del maniqueismo y reparte culpas, es quedar mal con todos. Sin embargo, me basta con que estas líneas contribuyan a que una sola persona enfoque este drama con una perspectiva equilibrada, para darme por satisfecho.
