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El desahucio de una mujer de 29 años, con dos hijos menores a su cargo de nueve y dos años, previsto para la mañana de este miércoles en Ferrol, ha quedado suspendido debido a la presencia de los dos menores en la vivienda, situada en la calle Cádiz, en el barrio de Caranza.
Una comisión judicial se ha desplazado hasta el inmueble en donde se habían concentrado minutos antes, desde las 10,45 horas, integrantes de Stop Desahucios y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Ferrol y comarcas, para comunicar dicha decisión de paralización de orden de desalojo de vivienda.
La joven afectada, de nombre Verónica, ha asegurado que «no tiene trabajo desde hace meses«. «Acudí a los Servicios Sociales, en donde me están intentado ayudar, no tengo a donde ir, porque no soy de aquí, y no tengo familia», ha explicado.
En declaraciones a los medios de comunicación, la afectada ha trasladado que ha vivido estos últimos días «con nervios, como cualquier persona que sabe que la van a echar de su casa». «Llevo cuatro años alquilada y me da pena tener que irme de este barrio, ya que durante este tiempo han sido amigos de aquí los que me han ayudado», ha comentado.
ALQUILER
La mujer ha asegurado que ha dejado de pagar la renta mensual de la vivienda «hace unos meses» tras dejar de percibir el subsidio por desempleo el pasado mes de noviembre. Además, ha explicado que el precio pactado con el propietario es de «250 euros mensuales, que al principio ha colaborado, pero que luego se ha cansado, como es normal, yo ahí no digo nada«.
También ha destacado el apoyo que le han prestado las dos plataformas antidesahucios que operan en Ferrol. «Me han ayudado mucho, al igual que los que han venido del juzgado, en donde tengo que entregar una documentación y buscar otra solución«, ha abundado.
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Ferrol y comarcas, Ignacio Martínez, ha emplazado a los «políticos a solucionar estos casos».
El activista ha denunciado que son conocedores de este caso desde hace «tres meses». «Y desde el Ayuntamiento nos han llamado ayer martes porque sabían que el tiempo se agotaba», ha apostillado. «En caso de que la Xunta no diera una solución, se dictaba un decreto con la adjudicación de una vivienda de emergencia residencial en el barrio de Recimil», ha puntualizado.
De todas maneras, Martínez ha estimado que «quien tiene todas las competencias de vivienda, tal y como recoge el artículo 47 de las Constitución Española, es la Xunta, para lo que creó un organismos que se llama Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) que en su decreto de constitución, en los artículos 2 y 3, viene recogido cuales son todas sus competencias».
