Los desahucios de Ferrol

Enrique Barrera Beitia.

No se puede evitar que haya desahucios una vez que el juez dicta la orden de desalojo, pero se pueden reducir estas órdenes y ofrecer alternativas a los desalojados. Para ello, la concejalía de Bienestar Social creó en julio de 2015 la Oficina Municipal de Mediación contra los Desahucios. Es necesario evitar la picaresca, porque siempre acudirán personas a intentar cazar estas ayudas, sin tener necesidad de ellas; para evitarlo, están los trabajadores sociales municipales y los de la Xunta. El protocolo que se sigue en Ferrol es el siguiente:

1. Coordinarse con los juzgados de Ferrol, para que estos avisen con tiempo de los casos de impago con riesgo de desahucio.

2. Identificar los desahucios que se deben evitar, que son los de primera vivienda y los de personas con graves problemas económicos. Contra lo que mucha gente cree, la mayor parte de los afectados no tienen que ver con las hipotecas, sino que son personas que viven en pisos de alquiler. No se atienden los casos de segunda vivienda, o cuando la persona afectada ha robado, rechazado un trabajo, o dispone de suficiente solvencia económica.

3. La Oficina Municipal de Mediación contra los Desahucios intenta ejercer un papel de mediación entre el banco o la inmobiliaria por una parte, y la persona afectada, ofreciendo tres opciones: convencer al banco para que conceda la dación en pago (la familia devuelve la casa y cancela la deuda), pactar una nueva financiación de la hipoteca, pactar que la familia quede en la vivienda ya embargada pagando un alquiler más barato, es decir, reconvertir las mensualidades de la hipoteca en un alquiler social, y en los casos de alquiler (la mayoría), subvencionar una parte.

La Bolsa de Emergencias Sociales para estos casos oscila entre 250 y 290 euros mensuales. Además de estos fondos municipales, se recurre al denominado Bono de Alquiler Social que financia la Xunta de Galicia (150 euros mensuales). Además, la Xunta de Galicia dispone de un cierto número de viviendas disponibles (creo que son 150) en virtud de un convenio firmado con Abanca y la Sareb.

Buen funcionamiento, pero…

En los primeros catorce meses, esta oficina ofreció soluciones habitacionales a 92 familias, es decir, ha tenido a mi entender un funcionamiento razonablemente positivo (de hecho, se advierten un «efecto llamada»). Sin embargo, en los últimos meses estoy apreciando una serie de problemas, cuyas causas podemos identificar en dos graves errores políticos:

* Por un lado, la comunicación de la concejalía con los juzgados se ha reducido drásticamente.

* Por otro lado, la Xunta puentea al concello de Ferrol y a sus servicios sociales, adjudicando de manera prematura y directa una vivienda a la persona afectada, pero endosando al concello la luz, el agua y la contribución. Que yo sepa, esto ha ocurrido en dos ocasiones. Esta intervención directa de la Consellería, que necesariamente tiene que tener el visto bueno del ex-alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en cierta manera «está matando moscas a cañonazos», porque problemas que pueden resolverse con un bono de alquiler social, consumen un último y escaso recurso.

De estos problemas hay que extraer lecciones, y una es que los desahucios no se puede abordar sólo desde los Servicios Sociales del concello, sino que tiene que involucrar a la administración autonómica.

Los políticos deben dejar trabajar al personal de las diferentes administraciones, y que estos se coordinen. Cuando por razones políticas se utilizan casos concretos para obtener réditos partidistas, se entra en una mala práxis. Por ello, respetar el protocolo de actuación es imprescindible si queremos evitar que esta herramienta de trabajo social se atasque.