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El juicio fijado para este lunes a las 13,30 horas en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Ferrol, en cuya vista estaba previsto abordar la denuncia formulada por un particular contra una familia compuestas por siete miembros -dos progenitores y sus cinco hijos, todos ellos menores- por el impago de la renta de la vivienda que tienen arrendada, ha quedado suspendido.
En paralelo, se ha celebrado una concentración ante la sede judicial ferrolana, situada en la calle Coruña, convocada por la Plataforma Anti Hipoteca (PAH) de Ferrol y Comarca e Stop-Desahucios Red de Apoyo Mutuo de Ferrolterra. El portavoz de Stop-Desahucios en Ferrolterra, Ignacio Martínez, ha asegurado que sabían «que lo más probable es que se suspendiera el juicio, dado que fue presentada fuera de plazo la defensa de los afectados«, lo que motiva que en este tipo de casos, y tal como recoge la legislación vigente, que «si transcurrido diez días de la presentación del requerimiento no se presenta defensa, motiva la no celebración de la vista». Al respecto, ha añadido que, como consecuencia, obliga a «dictar una resolución que es condenatoria, dado que los inquilinos reconocen la deuda».
MOTIVOS
Ignacio Martínez ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, que «los denunciados reconocen la falta de pago, debido a la falta de recursos económicos, por ser demasiadas personas en la familia, en concreto siete, de los cuales cinco son menores edad, todos con menos de diez años». Además, ha concretado que todos los menores están escolarizados a excepción del más pequeño, de dos años, que «aguarda una plaza en un escuela infantil», según añade, y subraya ninguno de los progenitores tiene empleo.
El activista ferrolano ha trasladado que esta familia ha llegado a esta situación «como consecuencia de falta de trabajo». La pareja de padres tiene edades de 29 y 30 años, «ella cajera y él camarero«, según ha abundado.
Por ello, Stop-Desahucios Red de Apoyo Mutuo de Ferrolterra ha solicitado a la abogada el que «se suspenda el desahucio de la vivienda, mientras no se les concede una alternativa residencial».
«VULNERABILIDAD»
Así, Martínez ha asegurado que de esta situación se ha dado traslado a la Xunta, «con un informe de vulnerabilidad por parte de la trabajadora social del Ayuntamiento de Ferrol». Además de poner en conocimiento del gobierno municipal «este caso, ante la concejala de Benestar Social, la cual se ha comprometido a resolver este tema, bien con una vivienda municipal, que ya está disponible» o, de lo contrario, reclamarían el poder utilizar una de la Xunta, al amparo del ‘Programa de Vivendas Valeiras‘, tal y como «ofreció Ovidio Rodeiro«, delegado de la Xunta en la provincia de A Coruña, en un encuentro mantenido con él semanas atrás.
Se reunieron con su camarada, la concejala de benestar, que les dice que ya remitió informe a la Xunta. ¿Será como en el anterior caso, que desde el 5 de diciembre hasta bien entrado enero no lo envió? ¿También le adjudicará a esta familia una vivienda tapiada? ¿O será una okupada?