Enrique Barrera Beitia.
A finales de agosto de 1977, se puso a prueba la capacidad del incipiente movimiento asociativo ferrolano para dar salida a un problema creado por la administración. Entre 1973 y 1975, las autoridades repartieron la mayor parte de las viviendas construídas en Caranza para realojar a los expropiados de Esteiro; sin embargo, quedaron unos cuatrocientos pisos sin entregar a sus beneficiarios.
Algunos altos cargos de la Delegación Provincial de Vivienda empezaron a especular con esas casas, y pronto se supo que pagando 100.000 pesetas «arreglaban los papeles» . Al correrse la voz, una treintena de adjudicatarios que estaban esperando la entrega de las llaves, decidieron ocuparlas por su cuenta y riesgo, autodenunciándose en la comisaría. A este grupo se sumaron otras familias que no tenían adjudicadas viviendas, pero necesitaban una de manera urgente. Las ocupaciones se organizaron, discutieron y planificaron, dando por resultado un exitoso modelo de organización asamblearia que se exportó luego a otras ciudades que tenían problemas similares. También se hizo una encuesta para conocer los motivos de la ocupación, resultando que el 60 % venía de casas ruinosas, y el 10 % eran familias que habían sido desahuciadas de otras viviendas. Nadie ganaba suficiente para alquilar o comprar casas en el mercado libre, y en ese momento Ferrol necesitaba 3.000 nuevas viviendas.
Estos hechos ocurrieron en plena Transición, antes de que se celebraran elecciones municipales, y las autoridades buscaron inicialmente enfrentar a los ocupantes con las personas que estaban en la lista de entrega, y que de pronto veían que se podían quedar sin casa. También hubo violaciones de la propia legalidad pre-democrática, como la detención durante días de varios ocupantes ilegales (por lo menos tengo conocimiento de tres casos) en el calabozo municipal, sin que se les formularan cargos y quedando posteriormente en libertad. Un guardia local que les conocía, les llevaba a escondidas comida de la Cocina Económica, porque no los alimentaban.
La Coordinadora
El movimiento asociativo no entró en el peligroso y falso dilema de apoyar a un colectivo frente al otro, sino que decidió apoyar a ambos. Con el respaldo de los sindicatos y de los partidos de izquierda, se constituyó una coordinadora de ocupantes ilegales y lograron que el ayuntamiento les diera agua, les recogiera la basura y que el Ministerio les reconociera como interlocutores, saltándose la mediación de la desprestigiada administración provincial.
El gobierno de la UCD reconoció por un lado que negociar con ocupantes ilegales era lanzar un mensaje equivocado, pero por otro lado aceptaba que haber tenido cientos de viviendas sin entregar durante años, justificaba lo ocurrido en Ferrol. La comisión se desplazó a Madrid, y negoció con el Director General de Vivienda, un excelente acuerdo basado en tres puntos:
1. Inmediata entrega de las 404 viviendas, de las que 100 se entregaron a familias ocupantes.
2. Construcción de 200 albergues provisionales y de 74 viviendas modulares, para realojar provisionalmente al resto de ocupantes.
3. Construcción de 398 nuevas viviendas en Caranza y de 432 en Esteiro.
Una gigantesca corrupción
A raiz de estos hechos, el problema de las viviendas sin entregar ocupó las primeras páginas de la prensa nacional. En 1978 el ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Joaquín Garrigues Walker, reconoció que el parque nacional de la vivienda pública estaba sumido en el caos, dando la sorprendente cifra de 500.000 casas vacías que se deterioraban al paso del tiempo. Entonces se supo que la mayor parte de las mismas habían sido adjudicadas a funcionarios y trabajadores del estado que ya tenían vivienda, manteniendo las nuevas en reserva para venderlas en el mercado libre. Una gigantesca corrupción del sistema que con la llegada de la Democracia salió a la luz pública, gracias a la «okupación» de Caranza y a los intentos de repetir esta experiencia en otras ciudades, especialmente Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valladolid y Valencia.
Se equivoca usted Sr Barrera: El PCE apoyó a los encerrados en el Sindicato Vertical en contra del resto de los ocupantes. Fernando Blanco fue el principal enemigo de los ocupantes
Yo no quería decir nada……
Vaya ser que que les parezca mal…..
Vivo en caranza antes q el señor barrera y algo se de nuestra propia historia…
Pero vale mas el que lo lee de sabe Dios quien de la época,que el que lo ha sufrido……
Aun así se agradecen los datos……