En España se tortura

Enrique Barrera Beitia

Me gustaría creer que la tortura fue una práctica franquista ya erradicada, pero desgraciadamente, la situación es menos amable y España ha sido repetidamente condenada por organismos internacionales. Una sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de mayo de 2014, absolvió a 36 jóvenes vascos detenidos por supuesta pertenencia a ETA, por invalidez de las pruebas obtenidas bajo tortura. El 16 de junio de 2014, la Audiencia de Baleares condenó a cuatro guardias civiles por haber torturado a dos ciudadanos británicos. Finalmente, el pasado 15 de junio, el Tribunal Supremo anuló una sentencia dictada el 11 de diciembre de 2015 a tres presuntos miembros de ETA, por haberse negado a investigar si en los interrogatorios se usó la tortura.

España firmó el denominado Protocolo de Estambul, que regula la metodología para reconocer si se aplican «procedimientos inadecuados» en los interrogatorios. Sin embargo, el Tribunal de Derechos Humanos de Europa (TDHE) ha documentado ocho casos en que tribunales españoles se han negado a aplicarlo. En la última sentencia, se añade el agravante de que se abrieron diligencias informativas al magistrado José Ricardo de Prada Solaesa, por reconocer en un foro público que España tenía un problema con la tortura. Esta persona, era miembro del tribunal que falló la sentencia anulada y discrepó con los otros jueces por considerar necesaria hacer esa prueba pericial.

El Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, en un detallado informe que publicó en septiembre de 2013, llegó a la conclusión de que el problema de España no es que la tortura sea una práctica sistemática, sino que el sistema acaba permitiendo que se dé, porque no se investiga ni se persigue. En su informe anual, Amnistía Internacional coincide con este análisis y la Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha recopilado 6.621 denuncias, que han desembocado en 752 condenas, en la mayoría de los casos como simples faltas y no como delitos. El 50% de las denuncias proceden de activistas sociales, el 40% de inmigrantes y un 10% están relacionados con el conflicto existente en el País Vasco.
Entre 2013 y 1015, unos 15.000 inmigrantes ilegales (sin papeles) fueron capturados en redadas indiscriminadas y desde la comisaría embarcaron directamente en aviones de Air Europa que tiene contratado este «servicio», con destino a su país de origen en unos casos y en otros a países vecinos. Estas «deportaciones-exprés» se ejecutan sin intervención judicial y con los afectados permanentemente incomunicados. Cualquier estado tiene derecho a deportar, pero tiene que hacerlo con un procedimiento reglado que dictamine razonadamente, por qué se deporta a una persona.

El protocolo de Estambul

Setenta y cinco expertos en leyes, medicina y derechos humanos, trabajaron durante tres años con representantes de cuarenta organizaciones no gubernamentales, para unificar en el Protocolo de Estambul, los procedimientos que deben aplicarse para averiguar si en un interrogatorio, los detenidos han sido tratados conforme a las normas y principios del derecho internacional humanitario. Jurídicamente, los malos tratos pueden ser de tres tipos:

a) Tortura, cuando se aplica un alto grado de dolor al detenido, con el objetivo de obtener información. Cuando hablamos de provocar dolor, incluimos tanto la agresión física a base de golpes como la psicológica, que puede incluir arrojar excrementos, humillaciones sexuales, impedir la higiene personal, mantener desnuda a una persona, presenciar torturas, privación de sueño o simulacro de ejecuciones.
b) Crueldad, cuando se aplica un nivel considerable de dolor a un detenido sin intención de obtener información.
c) Ultraje, cuando no se aplica dolor al detenido, pero se le humilla y degrada sin intención de obtener información.

Las deportaciones exprés son invisibles, se tramitan en menos 72 horas sin intervención de los jueces y frecuentemente, los deportados aterrizan en países que no son los suyos. El contrato lo ganó Air Europa en condiciones muy sospechosas. Esta empresa, en cuyo accionariado ha entrado Abel Matutes Juan, obtuvo una puntuación de 70 puntos, cuando su rival Air Nostrum recibió 96.