Juan Cardona-(www.juancardona.es)
Ante la situación de impasse en la designación del Presidente del Gobierno en la que nos encontramos después de las elecciones del 20 D, y en donde desde posiciones de enroque de los partidos no acaban de ponerse de acuerdo, tan siquiera en la propuesta, y sin vislumbrarse una solución nos queda el recurso de analizar el pasado para no repetir sus errores.
Concluida la etapa de Felipe González tras catorce años de gobierno, recordemos lo sucedido en las cinco elecciones subsiguientes. En 1996, José María Aznar con 156 diputados consiguió el gobierno con el voto favorable de Convergencia y Unió, PNV y Coalición Canaria. Época de cesiones y concesiones a los nacionalistas principalmente en inversiones, seguridad, educación y normalización lingüística que fueron los «cromos» exigidos (hasta el presidente «hablaba catalán en la intimidad»); es el momento del «Pacto del Majestic» con la aprobación de la Ley de Política Lingüística de 1998, que establecía una clara discriminación hacia los castellanohablantes, con ella y la falsificación de la historia se estaba sembrando la semilla independentista.
En las siguientes elecciones, corría el año 2000, Aznar obtuvo mayoría absoluta y aunque no era necesario, conto el voto favorable de Convergencia y Unió y Coalición Canaria. El PNV se desmarcó votando en contra iniciando la senda de la independencia con el «Plan Ibarretxe»: primer intento de secesión a plantear en la siguiente legislatura. En 2004 es el PSOE quien necesita ayuda, como partido más votado sin mayoría absoluta (164 diputados), Zapatero consigue el voto favorable de sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña, Izquierda Unida, C. Canaria, y BNG; a pesar de esta mayoría Convergencia y Unió, PNV y Eusko Alkartasuna se abstuvieron iniciando un nuevo acercamiento de los Catalanes con la promesa del ínclito Zapatero: «Apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Catalunya». Poco antes (diciembre 2003) se llegó al acuerdo para un gobierno catalanista y de izquierdas en Cataluña, más conocido como «Pacto del Tinell» : PSC, ERC e ICV; con este acuerdo comenzó de la depreciación y posterior harakiri del PSC.
En 2008, Zapatero con 169 diputados consigue nuevamente la abstención de Convergentes, PNV, BNG, Canarios, Chunta Aragonesa, e Izquierda Unida. Aunque sus votos estaban cercanos a la mayoría absoluta la abstención nacionalista reforzó su posición. Confiaban, sin duda, en que don José Luis cumpliese su palabra y deshiciese el entuerto provocado por el recurso de inconstitucionalidad del Estatut d’autonomia planteado por el PP. La sentencia en 2010 destapó las ansias independentistas de los dirigentes nacionalistas. En 2011 con mayoría absoluta de Rajoy, los catalanes ejercieron un voto testimonial de oposición y los eslóganes iniciales de «Som una nació, nosaltres decidim» se transformaron en «Catalunya, nou estat d’Europa» y la patochada de «España nos roba» concluyendo con el «l’inici del procés de creació d’un estat català independent en forma de repúblicae».
Ante estas aseveraciones una conclusión simple: Los catalanes de Convergencia (con el nombre que toque, deberían de llamarse «Conveniencia») y por supuesto los de Esquerra y la CUP que se ocupen de sus cosas y que dejen los asuntos de estado a los que se sienten de verdad españoles (sin duda millones de catalanes incluidos). ¿Qué hacen estos señores gobernando la vida de los españoles cuando repudian serlo? ¿Por qué se les conceden las ventajas y privilegios políticos a sus dirigentes? Los españoles nos merecemos unos dirigentes que al menos sean españoles. Pongámonos de acuerdo en lo fundamental: estructura del estado, independencia de la justicia, ley de educación estatal, defensa de derechos y pensiones, lucha contra la corrupción, etc. Imprescindible: cambiemos la Ley electoral, y votemos de nuevo, eso sí, sin el lastre nacionalista: un hombre, un voto.
Estoy de acuerdo e insisto en ello por si no lo he entendido bien. Todo partido, sea del norte o del sur, del este o del oeste, o del centro, que por estatutos, por programa o por declaración oficial se declara no ya solo independentista sino anticonstitucional debe ser declarado inmediatamente fuera de la ley y por tanto no debe concurrir a ninguna clase de convocatoria electoral. Si no está así legislado legíslese, y si lo está ejecútese, que diría Maduro el muy podemita.