Corruptela y malas prácticas en los ayuntamientos (1)

Enrique Barrera Beitia

La corrupción y la corruptela son comportamientos inadecuados que tienen causas perfectamente identificadas, relacionadas en el ámbito municipal con los bajos salarios del pasado y con la privatización de los servicios en el presente.

En la etapa franquista, a la indenunciable corrupción de los políticos (desde el estraperlo al «descuido» de materiales), se unía la corruptela de numerosos funcionarios. Muchos vecinos de esta ciudad (y de cualquier otra) con edades avanzadas, pueden poner ejemplos de cómo era necesario hacer regalos o dar dinero bajo cuerda a funcionarios para obtener permisos o evitar que se demoraran durante meses determinados trámites. Está demostrado que la causa de esta corruptela era el bajo salario, que obligaba a obtener ingresos complementarios con un segundo empleo o con una variada gama de «mordidas«. Cuando llegó la Democracia, se subió significativamente el sueldo de los funcionarios y esta corruptela desapareció.

Pero ahora tenemos otro problema derivado de las privatizaciones. En la gestión directa municipal, las tasas deben limitarse a cubrir los costes del servicio y si hubiera superávit, no se destinaría a aumentar la plusvalía empresarial, sino que se reinvierte en otras partidas del presupuesto municipal. Como mucho, puede haber enchufismo, aunque la existencia de una oposición vigilante lo hace difícil, desde luego mucho más que en una empresa privada, cuyos gestores tienen total libertad de contratación.

No descubro ningún misterio al decir que las grandes empresas que han conseguido las contratas de los servicios públicos, acostumbran a dedicar parte de sus beneficios empresariales a garantizar su posición de dominio con la vista puesta en obtener, renovar o ampliar las adjudicaciones, mediante sobornos, regalos o ayudas al financiamiento de las campañas electorales. Lo hacen de manera escalonada y prudente, para evitar la imposición de normas de transparencia y un mayor control público a través de auditorías, pero es inevitable que en una Democracia, estas malas prácticas terminen siendo conocidas y denunciadas por la prensa, aunque no en su real amplitud.

Lo que la gente conoce como privatización de los servicios municipales, es en realidad una concesión administrativa del ayuntamiento a una empresa privada, por un periodo de tiempo, transcurrido el cual caduca. El gobierno local puede en ese momento, rescatar el servicio y gestionarlo directamente o bien convocar un nuevo concurso. Es lo que ha ocurrido con la recogida de basuras en Ferrol, donde URBASER continúa gestionándolo de manera provisional a la espera de que el concello rescate el servicio.

Un asunto mucho más peligroso es cuando nos encontramos con una empresa mixta, donde un socio privado y el concello se reparten las acciones de la empresa. Es el caso de EMAFESA. Cuando era concejal en el ayuntamiento de Ferrol, voté en contra de su creación. El ayuntamiento apenas tenía cuatro personas destinadas a atender el servicio, había una buena parte del vecindario que no pagaba el agua y… sorprendentemente, el concello tenía beneficios que se destinaban a atender otras necesidades. Coincidirán conmigo en que si el concello hubiera creado su propia empresa municipal contratando al personal necesario para garantizar el cobro de todos los recibos, el superávit hubiera sido mayor.

Sin embargo, se rechazó esta propuesta y también la de organizar un concurso para otorgar una clásica concesión administrativa. En su lugar, se propuso una empresa mixta, de la que por falta de espacio hablaré en el siguiente artículo.