La Audiencia Provincial da la razón a López Pintos

Obliga al juzgado a agotar la instrucción por tortura y malos tratos

La Audiencia Provincial de A Coruña acaba de emitir auto por el que da a la razón al responsable comarcal de la CIG de Ferrol, Xesús Anxo López Pintos, y obliga al juzgado a agotar la instrucción con respeto a la denuncia que presentó por tortura y malos tratos sufridos durante el tiempo que pasó en la comisaría de Ferrol, tras su detención en el marco de una protesta convocada por los Comités de Navantia y Poligal, coincidiendo con el acto de inicio de la campaña electoral del PP a las autonómicas de 2012.

Para Pintos, el auto resulta muy positivo, ya que supondrá iniciar una investigación sobre la denuncia que presentó por presunto delito de torturas contra un policía, el que acusa de golpearlo en reiteradas ocasiones, amenazarlo y humillarlo mientras permaneció detenido -e incomunicado- en la comisaría. Unas agresiones que también sufrió en el momento de su detención.

De esta manera, el auto deslegitima las pretensiones del juzgado de instrucción ferrolano de archivar la denuncia de Pintos (sin agotar todas las diligencias e investigaciones oportunas) y tomar únicamente en consideración a la denuncia presentada por la policía contra el sindicalista por supuesto delito de atentado, altercados públicos y delito electoral.

En este sentido, en el auto se especifica que “a insistencia da xuíza de instrución e do ministerio fiscal en manter separadas dúas actuacións que derivan dun mesmo inicio e na que hai unha coincidencia parcial dos implicados, rompéndose soamente por unha mera interrupción temporal, non pode ser aceptada”.

Tras conocer el auto, Pintos apuntaba que “ambas denuncias van unidas e non se pode xulgar un tema sen o outro. Ademais, que se investiguen as torturas e agresións que sufrín é a vía que teño para me defender e de que se garanta ao meu dereito á tutela xudicial efectiva”.

Hay que destacar que la propia Fiscalía luego de emitir sus «conclusiones provisionales», solicitó que se había tramitado el caso como procedimiento abreviado, pretensiones que quedaron en suspenso tras el recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado por Pintos contra el auto de sobreseimiento provisional de la denuncia por torturas y vejaciones.

En aquel momento, la Fiscalía pidió penas de 2 años y 9 meses de cadena, con inhabilitación especial para ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por un delito de atentado y falta de lesiones; 20 días de multa, con 7 € diarios, y una indemnización de 840 € por lesiones a un agente de policía.

Además, en su relato de conclusiones provisionales, la Fiscalía no hizo referencia alguna a la carga policial que fue en su momento calificada como «brutal» por parte de las organizaciones sindicales, ni tampoco de como se produjo la detención de López Pintos y mucho menos a la denuncia que éste presentó por torturas y malos tratos en la propia comisaría.

El portavoz comarcal aguarda que ahora se abra la instrucción y se acumulen los dos procesos en un único juicio por estar ambos actuaciones conectadas.