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El alcalde de San Sadurniño, Secundino García, ofreció en la mañana de este viernes, día 6, una rueda de prensa en la que informó sobre el cumplimiento de la sentencia firme que obliga al municipio a demoler una vivienda en el lugar del Cochón, cerca del casco urbano. Según manifestó el regidor, «derrubar unha casa é algo que non lle agrada a ninguén».
Fue el mes del pasado enero cuando el Concello recibió una providencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ferrol, exigiendo reponer los terrenos a su estado original después de que el Tribunal Superior de Galicia invalidase la licencia de obra concedida en 2002. En este comunicado, el juzgado advirtió al alcalde de la imposición de multas coercitivas y responsabilidad penal de no cumplirse el mandato en el plazo de dos meses. Con ello, Secundino informó que «o Concello iniciará de inmediato o procedemento para contratar os traballos de derrubamento do inmoble».
«Non temos máis opción que cumprir a orde xudicial, non podemos debater se queremos ou non queremos cumprila», aseguró el regidor de San Sadurniño, quien remarcó que a su entender «estamos diante dun asunto que non é un caso de corruptelas urbanísticas, senón un caso dunha licenza mal concedida polo Concello».
Con el objeto de trasladar a la ciudadanía toda la información relativa a este caso, el alcalde relató en la rueda de prensa de todo el proceso judicial desde el pasado 2001 con la solicitud de licencia presentada por Manuel José Lamas y Pilar Nistal para construir una vivienda en la parcela situada en los terrenos de la comunidad de propietarios del Cochón, de la cual formaba parte el propio Lamas y otros cuatro comuneros. De esa solicitud, quedó en espera ante la imposibilidad de conceder la licencia mientras la parcela dispusiese de comunicación con la vía pública.
Por entonces, la solución adoptada fue que se cedieran al Concello parte de los terrenos, con el fin de convertir los caminos interiores en bienes públicos, y concederse así la licencia de obras. La resolución de este paso se materializó en julio de 2002, para pocos días después, mediante una resolución de la alcaldía, conceder la licencia de obras.
En octubre del mismo año, Arroyo solicitó la paralización de las obras al considerarlas ilegales, alegando que la cesión de los caminos no fue por unanimidad de la comunidad, tal y como exigía la ley (él no estaba de acuerdo). Argumento que sería decisivo posteriormente en el resultado del proceso judicial que estaba por llegar.
Tras un sucederse un ir y venir de solicitudes y respuestas durante años entre la Administración local y Arroyo, en febrero de 2006 el juzgado resolvió a favor del demandante la anulación de la cesión de caminos, concediendo así la licencia de obra. Con ello, los tribunales no resolvieron nada al respecto de la posibilidad de legalizar la construcción –ya finalizada- de una vivienda, por lo que desestima la reclamación del demandante de que se derrumbe la vivienda. Tras esta primera sentencia, Arroyo acudió al Tribunal Superior de Galicia, quien le dio la razón en mayo de 2008, dictando una sentencia firme en el referido para la demolición y devolución de la parcela a su estado original.
En 2009, el Concello hizo una última tentativa de resolver la cuestión iniciando un expediente de convalidación de los actos administrativos afectados por la sentencia, buscando regularizar la cesión de los caminos y, en último caso, no tener que llevar a cabo la demolición. Esta vía no surtió efecto, hasta llegar a advertir el juzgado al alcalde, hasta el pasado 16 de enero, de la imposición de multas coercitivas y de exigencias de responsabilidades penales, pudiéndole corresponder si en el plazo de dos meses no se llevaba a cabo la demolición.
Así las cosas, el Concello procederá a cumplir la orden judicial. Con ello, la contratación de los trabajos de demolición están cifrados en más de 94.000 euros. Según el alcalde, tanto esta cuantía como el hecho de que el Concello se vea obligado a destruir una vivienda son razones suficientes «para depurar as responsabilidades de calquera tipo que puidera haber. Quen non son responsables son os veciños e veciñas de San Sadurniño, que non teñen por que pagar as cousas que estivesen mal feitas».
