Galicia Ártabra Digital Noticias de Ferrol y la comarca de Ferrolterra.
(La Opinión)- Megasa Siderúrgica, la planta de Narón de los hermanos Freire Arteta que en mayo del año pasado amenazó con echar el cierre tras la primera modificación del régimen de interrumpibilidad, acaba de anunciar a sus trabajadores que ejecutará un despido colectivo para parte de la plantilla de 169 personas y modificará sustancialmente las condiciones laborales del resto.
La firma, que desde 2008 se ha desprendido del 30% de su plantilla, al pasar de 243 empleados a los 169 actuales, no aclaró a los representantes del comité de empresa cuántas bajas prevé ni los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, que cayó el miércoles como un jarro de agua fría entre el personal. La firma solo comunicó que se acoge a los artículos 41 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, que regulan los despidos colectivos y la modificación de las condiciones laborales por causas objetivas.
Megasa Siderúrgica, que en 2011 facturó 1.000 millones de euros, fue la gran perjudicada en Galicia de la anterior modificación del régimen de interrumpibilidad. Este sistema, que reduce el precio que pagan las grandes empresas por cada megavatio de consumo, nació en los años ochenta como un instrumento de gestión de la demanda. Los grandes consumidores recibían una bonificación millonaria en su recibo de la luz a cambio de comprometerse a reducir su consumo o interrumpirlo en caso de una emergencia del sistema eléctrico por exceso de demanda. Las nuevas infraestructuras de transporte y el desarrollo de las renovables hicieron que la interrumpibilidad perdiera su razón de ser porque los picos de demanda eléctrica -muy mermada en la crisis- se cubren perfectamente, pero el Gobierno la mantuvo para reducir la factura de la gran industria.
En diciembre de 2012 y tras las quejas de la gran industria por la eliminación de la tarifa de grandes consumidores (G4), el Gobierno modificó el régimen de interrumpibilidad y creó un sistema doble, para grandes consumidores (con una bonificación de 35 euros por megavatio) y otra, para medianos, de 20 euros por megavatio, a la que se acogió Megasa. Celsa, su principal competidora, concentró su producción en Cataluña para poder beneficiarse del descuento para grandes consumidoras y se quedó con el mercado natural de Megasa a costa de bajar sus precios. Los Freire Arteta anunciaron enseguida posibles recortes de la actividad y denunciaron ante la Xunta lo que consideraba competencia desleal de Celsa. El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, que hizo gestiones ante el Gobierno, llegó a dar por resuelto el problema de Megasa con el sistema de subastas aprobado por el Ejecutivo hace más de un año.
El presidente del comité de empresa de Megasa, Carlos Bascoy, aseguró este jueves, día 27, que los trabajadores no se esperaban esta respuesta, sobre todo porque a pesar de estas dificultades, la factoría de Narón consiguió mantener su producción este año, que cerrará con unas 500.000 toneladas de acero frente a las 575.000 del año pasado, gracias sobre todo a que la firma se ha centrado en fabricar productos de medidas especiales, prácticamente por encargo. La dirección de Megasa ya había advertido el año pasado a sus trabajadores de que no garantizaba la carga de trabajo y el empleo más allá de diciembre de 2013.
La plantilla da por hecho que los resultados de la subasta de la semana pasada -en la que Megasa Siderúrgica participó aunque no concretó su resultado a la plantilla- han influido en esta decisión, pero no solo. «Creemos que quieren precarizar las condiciones de trabajo, como han hecho otras empresas, que aprovecharon la reforma laboral aprobada por el PP para ajustar sus plantillas», dijo Carlos Bascoy.
El presidente del comité lamentó además que la firma plantee despedir a personal propio cuando en los últimos diez años ha subcontratado servicios como el del mantenimiento eléctrico, el transporte o el movimiento de chatarras, que redujeron 100 puestos de trabajo, lo que llevó al comité a denunciar ante la Inspección de Trabajo algunas subcontrataciones que consideraban formaban parte del proceso productivo. «Hay mucho que ajustar antes de afectar a la plantilla principal», opina Bascoy. De la factoría dependen 500 familias de Ferrolterra, entre empleos directos e indirectos.
Los trabajadores tienen ahora una semana para designar a sus representantes en la mesa negociadora, que tendrá un plazo de un mes para llegar a un acuerdo antes de la que firma ejecute los despidos y los recortes laborales. Según el calendario desvelado este jueves por el comité, las negociaciones se irán hasta el 4 de enero.
