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La exresponsable de contabilidad en el grupo Azetanet, Susana L.O., una de las siete imputadas en la Operación Zeta, que investiga una supuesta trama de cursos de formación para defraudar subvenciones públicas, admitió ante la Policía que el empresario Gerardo Crespo le encargó «en dos ocasiones reintegrar dinero para hacer dos sobres destinados al PP».
A ellos, según su declaración, se sumarían otras aportaciones de dinero, recogidas en la contabilidad de una ‘caja B’, «a determinadas personas y funcionarios». «Porque así se lo refería Gerardo», afirma en referencia al supuesto cabecilla de la trama, según recoge uno de los 25 tomos del sumario, al que ha tenido acceso Europa Press.
En su declaración, Susana L.O., que es una de las siete personas citadas a declarar como imputada por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña en febrero, no concretó cargos de estas personas.
Sin embargo, afirmó que «en la contabilidad de la ‘caja B’, «un cajón de su mesa de trabajo», según precisó, se hacían «anotaciones de los reintegros a determinadas personas y funcionarios porque así se lo refería Gerardo». En concreto, nombró «a un tal Odilo, Freijido o Juan Chas», recoge el sumario.
Estos nombres se referirían a los del exdirector xeral de Traballo Odilio Martiñá; el exjefe territorial de Traballo e Benestar y exalto cargo de la Diputación coruñesa, Luis Álvarez Freijido, o el presidente de la federación vecinal Salvador de Madariaga en A Coruña, Juan Chas, algunas de las personas que figuran entre las más de 60 investigadas por la Policía.
FACTURAS
Por otra parte, sobre las facturas, sostuvo se hacían «a conveniencia» de Crespo y reconoció que era «conocedora de que muchas mercantiles no tenían trabajadores», algo que remarca también la investigación policial, que sostiene que se crearon asociaciones con socios ficticios para recibir subvenciones públicas.
«Gerardo decía a quién facturar y el concepto que se debía anotar», recoge el sumario sobre el testimonio de esta imputada ante la Policía, ante la que ratifica también la inclusión de conceptos «falsos» en algunas de ellas.
También confirmó que Azetanet «realizaba devoluciones o retornos en metálico a sus clientes a través de contrafacturas», en alusión a la supuesta cantidad de dinero que, según la Policía, recibirían los beneficiarios de cursos en función del importe de las subvenciones.
Además, precisó que este encargo partía de Gerardo Crespo o de otra de sus empleadas de confianza, Margarita O.N., quien, como el primero, se negó a prestar declaración ante la Policía.
Según su testimonio, ambos le comunicaban cuando «en una fecha determinada» debía tener «una suma de dinero en efectivo para ser entregada a clientes del grupo».
CAYPE
Por otra parte, manifestó que la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), cuyo presidente, Eliseo Calviño, está también imputado, era «receptor de dinero en efectivo».
En su declaración, Susana L.O. explicó también que Crespo les «obligó» a ella y a otras personas a figurar como patronatos de Fundefo, otra de las sociedades del empresario coruñés, y negó recibir algo a cambio de ello.
(Europa Press)
