Megasa continúa amenazada con la nueva reforma energética

(LO).- El Ministerio de Industria acaba de confirmar los temores del comité de empresa de Megasa Siderúrgica al aprobar una nueva orden ministerial que perpetúa la discriminación tarifaria que desde principios de año sufre la planta naronesa, obligada a producir con unos costes eléctricos un 75% más altos que su principal competidora, la catalana Celsa, lo que ha llevado a la dirección a amenazar con echar el cierre.

La plantilla de Megasa lleva cinco meses de movilizaciones para exigir una modificación del llamado régimen de interrumpibilidad, que permite al Estado bonificar las tarifas eléctricas de grandes consumidores de energía a cambio de que estén dispuestos a interrumpir el consumo ante una emergencia del sistema eléctrico.

Desde que el pasado mes de diciembre, el Gobierno aprobó un régimen dual -uno para potencias contratadas de más de 100 megavatios (MW) pensado para Alcoa, Arcelor Mittal y Asturiana de Zinc y otro, de potencias inferiores y con menor retribución- la siderúrgica catalana Celsa, principal competidora de Megasa, incrementó su potencia contratada para optar a la bonificación máxima. La firma, que arrastraba una deuda milmillonaria que intentaba sin gran éxito refinanciar con la banca, redujo sus costes de producción y copó el mercado de Megasa, una empresa saneada, competitiva y a la que el informe Ardán sitúa como la firma gacela gallega -de intenso crecimiento- que más facturó en 2011.

La representación sindical de la factoría de Narón, que da empleo a un millar de trabajadores entre puestos directos e indirectos, ya advirtió en septiembre al conselleiro de Industria, Francisco Conde, de que el proyecto de reforma eléctrica que había planteado el Gobierno mantendría el sistema dual de bonificación al régimen de interrumpibilidad, y la «competencia desleal» en el sector.

Conde repuso sin embargo que la Xunta había presentado alegaciones al proyecto de orden ministerial y que estaba seguro de que Megasa no saldría perjudicada, pero la orden definitiva, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 2, confirma los temores de los trabajadores.

El nuevo sistema mantiene la dualidad de regímenes, aunque las empresas que quieran acogerse a cualquiera de ellos tendrán que participar en una subasta en la que se pondrá precio para cada caso. El régimen para los clientes con menor consumo establece que tendrán que ofrecerse a reducir su demanda de electricidad en al menos 5 MW -o en múltiplos de ese número- ante una emergencia potencial del sistema eléctrico o para abaratar sus costes. Mientras, en la puja de los grandes productores deberán ofrecerse a cesar su consumo en tramos de 90 megavatios. La resolución de la puja, sin embargo, podría demorarse hasta principios del año que viene.

«No sabemos lo que hará Celsa ni lo que resultará de la subasta, pero creemos que cumple con los requisitos técnicos para acogerse al régimen de los 90 megavatios, que es lo que el conselleiro y los políticos de Ferrolterra nos aseguraron que no ocurriría«, explicó el presidente del comité de empresa de Celsa, Carlos Bascoy. Ahora que la reforma eléctrica está clara, Megasa tendrá que decidir si el nuevo sistema le permite competir o cumple su amenaza y cierra. «El comité vive este momento con una gran preocupación», añade Bascoy.