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Miguel Mahía-(valor%coraje)
El día 17 de Julio del año 2013, el naval tal y como lo conocemos en Galicia y en España, se enfrente a la decisión de 27 personas que elegirán si se nos corta la cabeza o se nos trata con igualdad frente al resto de países europeos.
Almunia se equivoca, y por mucho que se quiera decir que el Partido Popular ya tiene un cabeza de turco, las pruebas están ahí, y me voy a ceñir a ellas únicamente, dejando de lado la militancia y la ideología, simplemente demostrando que el Tax Lease NO es una ayuda de Estado, que se incumplen las sentencias del Tribunal Europeo, que no se cumple el principio de equidad entre países miembros, y que por lo tanto, no se nos puede pedir absolutamente nada:
1) El Tribunal de Europeo de Estrasburgo nos da la razón.Hace unos días puse una frase literal de la carta de la holandesa Neelie Kroes, la que fue la predecesora de Almunia en el cargo como Comisaria de Competencia. En ella se decía que España cumplía con el Tax Lease, pero se dijo que esa carta no valía absolutamente nada. Pues resulta curioso…
En noviembre del año 2010, en el caso C-322/09P, un director general europeo, cargo por debajo del de comisario, envió una carta en la cual se establecía una serie de patrones a seguir en otro proceso, y esa carta, según la sentencia de este caso, era ley. Citando textualmente de la sentencia: “Carece de pertinencia que dicho acto (la carta enviada) no sea designado como «decisión»”
Al haber un precedente, si la carta de un directo general es ley, la de un Comisario de Competencia con más razón debe serlo. Por lo tanto, de tener que devolver algo, se tendrían que devolver desde el año 2010 al año 2011, y no desde el año 2005. Más tarde y llegado el caso, España podría personarse como parte perjudicada y reclamar una indemnización para los astilleros por las pérdidas que ha ocasionado el Tax Lease ante el trato injusto que estamos recibiendo.
2) No se trata de una Ayuda de Estado tal y como dice Almunia.
En el Tratado de Fundación de la Unión Europea se establece claramente que no puede considerarse como “Ayuda de Estado” las medidas de carácter general encuadradas en el puro tecnicismo fiscal, lo que se llama normas de amortización, depreciación y el aplazamiento de pérdidas.
Por lo tanto, y en primer lugar, ya estamos incumpliendo el propio tratado que se firmó para crear la Unión Europea al no llamar a las cosas por su nombre.
Como sabemos a estas alturas de la película, la AIE da lugar a unas pérdidas que finalmente se transforman en el abaratamiento del buque, pero esas pérdidas las paga el Gobierno de España, no la Comunidad Europea, por lo tanto y a mi forma de ver, Europa no tienen ningún derecho a pedir algo que no es suyo, ya que haciéndolo, se viola claramente el artículo 33 de nuestra constitución, así como los derechos de primera generación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y demás legislación mundial y europea, donde se estipula que se debe salvaguarda la propiedad privada, entendiendo el sector naval español como propiedad de nuestro país. Para que nos entendamos, nos estarían robando porque no incumplimos ninguna irregularidad.
3) Igualdad con Francia
Cuando tuvo lugar este mismo problema con el país vecino, Francia no tuvo que pagar absolutamente nada. ¿Por qué España, el país que lidera el paro en la Unión Europea, tiene que devolver ahora algo que es propio de su país y que no recibió de Europa? ¿Por qué tenemos que pagar cuando se nos dice que hicimos las cosas bien? ¿Por qué nosotros sí y Francia no?
Pueden decir que el 2007 saltara la alarma, pero como dije anteriormente, la carta de un comisario es ley, por lo tanto, todo lo hecho hasta la fecha, está correctamente aprobado, no hay más.
Quiero recordarles que se decidió abrir un caso cerrado por la presión de un país que emplea un Tax Lease del 78% cuando nos denunciaron por usarlo del 36%, quiero recordarles que aquellos que defienden las decisiones de Almunia, están defendiendo que se despidan a más 87.000 personas en un país con 4,8 millones de parados.
El Gobierno de España no puede pagar la multa a los armadores y astilleros, por que se trataría de una ayuda de forma directa para pagar una deuda, y eso nos supondría pagar más de 1.800 millones de euros por incumplir legislación europea, que de eso en Ferrolterra algo sabemos.
Solo hay una salida y una solución, no hay más.
Que se cumpla la ley, que se cumpla lo que ha dicho el tribunal de Estrasburgo, que se cumpla la equidad entre países de la Unión Europea, y que de una maldita vez, se deje de querer hundirnos.
No he utilizado ni mi ideología, ni mi forma de pensamiento, ni he tenido que usar mi vena nacionalista para poder justificar quien es el culpable de esto.
Solo hay una persona que haya reabierto un caso cerrado, solo hay una persona que no acepte las sentencias del tribunal europeo, y solo hay una persona, que quiera hacerlo para seguir calentito en su silla cobrando más de 27.000€ al mes cuando se produzca la rotación de puestos a mediados de este otoño.
Ese hombre es Joaquín Almunia, quien firmó la reconversión de Ferrolterra en el 86, y quien en el 2013, pretende dar la puntilla al sector naval de España.
