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El fiscal de la Audiencia Nacional Marcelo de Azcárraga ha elevado este miércoles, día 26, a definitiva su petición de 20 y 12 años de condena para los cuatro presuntos miembros de la organización independentista ‘Resistencia Galega’, que han sido juzgados por varios delitos de terrorismo con el objetivo de «lograr la independencia del territorio histórico de Galicia y una parte del norte de Portugal». El fiscal ha considerado las penas solicitadas «proporcionadas» en relación con «la gravedad de los hechos».
En la última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia, el fiscal ha mantenido su petición de condena y ha solicitado para Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega una pena de 20 años de cárcel, y para Antón Santos Pérez y María Osorio López una de 12 años de prisión, por delitos de integración en organización terrorista y falsificación de documento oficial con finalidad terrorista, así como tenencia de aparatos explosivos en los casos de Vigo Domínguez y Rodríguez Fiallega.
En su alegato final, el representante del Ministerio Público ha defendido que los hechos han quedado «perfectamente acreditados» y la validez de las pruebas practicadas en esta causa, así como la de la documentación incautada en la ‘Operación Castiñeira’ de 2005, que ha venido a engrosarla. En aquel entonces, según la Fiscalía, se incautó «material incriminatorio» como herramientas para la falsificación de documentación.
De Azcárraga ha puesto sobre la mesa como pruebas de cargo las medidas de seguridad que los acusados tomaban en sus «desplazamientos», así como la documentación que se les incautó detallando las medidas a adoptar, los «archivos encriptados» o los manifiestos de ‘Resistencia Galega’, que, el fiscal, considera su «decálogo» y su «catecismo».
Asimismo, ha hecho hincapié en las «similitudes» que hay entre los artefactos explosivos incautados a los acusados y los que son atribuidos por las Fuerzas de Seguridad a Resistencia Galega, porque «no se dan en ninguna otra organización terrorista».
En alusión a María Osorio, quien no aportó explicación alguna sobre la incautación de un DNI falso con su foto en el domicilio de Rodríguez Fiallega, ha dicho que las documentaciones que se falsifican son de personas «absolutamente ajenas» a ellos y que las utilizan, «lógicamente, las personas de la foto».
«Peculiaridad » de la organización
«Hemos de tener en cuenta la peculiaridad de esta organización que está constituida por muy pocas personas, muy seleccionada, personas de mucha confianza», ha indicado, para después agregar que, por ello, es significativo que Rodríguez Faillega accediera a la bolsa con los explosivos, que, finalmente, le fueron incautados a Vigo Domínguez.
Respecto a que los acusados hayan rechazado conocer a Antón García Matos, alias Toninho, considerado el supuesto jefe del aparato militar de Resistencia Galega, el fiscal ha puesto de manifiesto que los procesados sí han reconocido haber participado en «actos públicos» en los que leído textos de los que él es autor. El fiscal ha recordado que una huella de García Matos fue hallada entre la documentación incautada.
Además, ha afirmado que «existe una organización terrorista que no se llama ni AMI ni AMAL» y ha declarado que «no se trata de criminalizar el independentismo radical», sino el «radical y violento». «No existe una causa general contra el independentismo», ha insistido De Azcárraga.
El fiscal ha denunciado que la defensa y los peritos de los cuatro acusados hayan hablado de terrorismo de baja intensidad y ha afirmado que, en toda caso, habría que referirse a él como terrorismo «de baja capacidad». Igualmente, ha alegado que «no es preciso que se haya producido alarma social» para considerar que hay terrorismo y ha agregado que «objetivamente» un artefacto explosivo «atemoriza».
Para la Fiscalía, «todo» lo expuesto permite considerar que existe una organización terrorista con una «vocación de permanencia» y distribución de «roles y papeles», así como dependencia jerárquica, a la que vincula a los acusados. «Nada es casual», ha sentenciado.
