La jueza Alaya acusa a CCOO y UGT de financiarse con los ERE

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La jueza hizo estas consideraciones en el auto que dictó el martes para encarcelar al dueño de la consultora Uniter, José González Mata, al que le impuso una fianza de 600.000 euros para obtener la libertad.

El dueño de Uniter defendió estos pagos por las tareas que hacen los sindicatos en la tramitación de los ERE, sobre todo por la realización de los cálculos actuariales. Sin embargo, Alaya sostiene “indiciariamente” que los sindicatos habrían impuesto “de manera arbitraria e ilegítima” los pagos como “facilitadores” de los procesos de reestructuración empresarial. Ahí es donde la instructora ubica esa supuesta “financiación irregular” de los dos principales sindicatos.

En el auto la jueza también dice que “Los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma (en referencia a las comisiones que recibían por los ERE en los que participaban) de financiación irregular”. Según la magistrada, las consultoras Uniter y Vitalia y el bufete Estudios Jurídicos Villasís —encargadas de mediar en los procesos de regulación de empleo financiados por la Junta— habrían pagado a estos sindicatos más de 7,6 millones de euros en comisiones. Alaya sostiene que UGT y CC OO recibirían “pagos periódicos” pero que “no responderían a ningún concepto definitivo y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara”.

En la mañana de ayer el exdirector de Vitalia, Antonio Albarracín, imputado en la causa de los ERE irregulares, ha declarado que el pago realizado por la mediadora a los sindicatos en concepto de comisión «es una auténtica medida de presión», ya que estas organizaciones sindicales se personaban en la empresa y decían «que se van a negar a firmar el acuerdo de reestructuración y prejubilación» si ellos «no hacen otros costes actuariales de contraste o no revisaban los mismos», un estudio de contraste por el que tanto UGT como CCOO cobraban una comisión del 0,5 por ciento.

 

 

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