Mas no es un recurso más

Gabriel Elorriaga Fernández-(diario crítico)

Como portavoz del Gobierno, la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría, preguntada sobre los desafíos de Artur Mas, contestó enfáticamente: «Que nadie tenga ninguna duda de que lo que no sea constitucional este Gobierno lo va a recurrir«. Nadie duda sobre tan heroico propósito. La duda reside en si esta es la única reacción de un Gobierno que tiene como máxima obligación histórica, y no solo constitucional, defender la unidad de España. Recurrir ante un Tribunal, de dudoso acatamiento de sus sentencias en Cataluña, es un procedimiento propio de cualquier ente individual o colectivo que se encuentre afectado por una conducta lesiva de sus derechos políticos. Pero un Gobierno es algo más que un litigante que reclama legalidad constitucional. Ante un plan descarado contra la unidad nacional y, por tanto, contra los derechos de todos los españoles en relación con su soberanía actual y, especialmente, de los habitantes de Cataluña que ni siquiera se manifiestan mayoritariamente entusiasmados con las monsergas nacionalistas de Artur Mas, ni con su declinante liderazgo, recurrir contra cualquier futurible presumiblemente anticonstitucional, cuando el hecho se produzca, no supone cumplir diligentemente con todos los deberes políticos que corresponden a un Gobierno de España.

¿Está haciendo el Gobierno todo lo que políticamente debe hacer? Esta es la pregunta que no se contesta  con una invocación a previsibles recursos. Un Gobierno, y más con respaldo mayoritario absoluto, debe de actuar como poder ejecutivo y como depositario de un mandato electoral y no solo apelar a un tribunal. Debe hacer una política preventiva y terapéutica contra los gérmenes infecciosos de descomposición de un Estado europeo y debe movilizarse para potenciar las fuerzas sociales y medios de opinión concurrentes en la defensa de la unidad dentro y fuera de Cataluña. Aquellos que quieran seguir con planes secesionistas no deben manifestarse sin respuestas sobre los costes económicos, diplomáticos y jurídicos de dichos planes pero, además, no se les debe tener engañados sobre las consecuencias de previsibles desacatos y se les debe hacer saber que conducirían a una confrontación en toda regla contra todos los instrumentos de defensa del Estado, pero nunca a una negociación. Hay que decirles claramente que no hay ningún viento a favor en sus velas porque, como sentenció Séneca: «Nunca hay vientos favorables para quienes no saben a dónde van».

Frente a la inmunidad hipócrita con que actúa Artur Mas, pidiendo al Estado ayudas económicas para solucionar problemas vitales a la vez que erosiona la vigencia de dicho Estado en el territorio en el cual él es formalmente su máximo representante y responsable, solo cabe una respuesta contundente. Su hipocresía es como la de aquella gracieta atribuida a Lincoln, de un joven parricida que, ante el tribunal que lo juzgaba por la muerte de su padre, pedía clemencia porque se había convertido en un pobre huerfanito. No es correcto dejarlo patinar con su doblez, a la espera de empapelarlo con los pliegos de sentencias que serán, probablemente, tomadas como papel mojado. Cuando su patrocinado Centro de Estudios Estratégicos de Cataluña planea un ejército propio, como si jugase con soldaditos de plomo, no sería ocioso recordarle que ya existe un sistema militar español que incluye, naturalmente, a Cataluña dentro del área de seguridad de la OTAN, internacionalmente sensible a la unidad defensiva, que no admite agujeros ni improvisaciones ni en tierra, ni en mar, ni en aire del Mediterráneo-Norte.

El espectáculo que se está representando ante los españoles perplejos no es un dilema entre consulta con tarjetas sanitarias o recursos ante tribunales parsimoniosos sino que es un dúo entre traición y cobardía. Un Gobierno con mayúscula es algo más que un recurrente. Debe ser un actuante que no permita una paulatina desaparición del Estado en Cataluña ni una intoxicación mediática y educativa permanente. Las parsimoniosas deliberaciones a que ha sometido el presidente Pascual Sala al recurso de impugnación del Gobierno contra la «Declaración de Soberanía» de la Cámara Autonómica Catalana es una muestra de la poca diligencia con que llegará cualquier reacción legal cuyo acatamiento es tan incierto como el de otras sentencias anteriores. El Gobierno no puede conformarse con que una sentencia le dé tibiamente la razón. Su deber es combatir una operación política destructiva con todos los medios que el voto popular ha puesto a su disposición.