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Continúan las comparecencias ante el magistrado juez Alejandro Morán Llordén, titular del juzgado de instrucción número tres de Ferrol, de los implicados en la denominada operación ”torre” por un posible delito de contrataciones de obras supuestamente irregulares en el concello ferrolano durante el período del gobierno socialista presidido por Vicente Iririsarri, lo que sería un clara trama de tráfico de influencias
Si bien en la mañana del jueves comparecieron el ex interventor, ya jubilado, y el actual y se manifestaron en el sentido de que ellos no pertenecían a la mesa de contratación y que el gobierno socialista había creado una oficina presupuestaria que era la que llevaba adelante esos temas, esta mañana pasaron por el edificio de los juzgados, en la calle de A Coruña el concejal socialista Gerardo López Castrillón, que era el edil responsable de obras en el periodo investigado y el ex concejal también socialista Ángel Mato que ejercía como concejal responsable del área de Urbanismo.
Como se recordará la operación “torre” se basa en haber dado a dedo un buen número de obras a la empresa Parquet Albanese y a última hora, al igual que a Ángel Mato, también apareció como imputada la empresa San Martín de As Pontes. Esas obras se habían dividido en partidas menores a los 50.000 euros para que así no tuvieran que ser sacadas a concurso y pasar por la mesa de contratación.[pullquote]se acogía a su derecho de no declarar por no estar debidamente instruido sobre las declaraciones[/pullquote]
El concejal socialista Gerardo Castrillón fue el primer en comparecer. Lo hizo acompañado de su abogado y se negó a declarar ante el juez, al igual que ya lo había hecho anteriormente en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Alegó que se acogía a su derecho de no declarar por no estar debidamente instruido sobre las declaraciones y porque además no se habían recibido datos solicitados al Concello sobre contrataciones refrentes al periodo de gobierno del Partido Popular en el que el alcalde era Juan Juncal y precisamente edil de Facenda el actual alcalde José Manuel Rey.
Ángel Mato, según su abogado, respondió a las preguntas formuladas por el juez Morán aunque éstas no fueron dadas a conocer a los medios de comunicación.
En este caso son , como ya hemos informado, ocho los implicados los dos socialistas, los dos interventores, las empresas Parquet Albanese y San Martín y los aparejadores municipales María del Carmen Piñeiro y David Couselo.
Una historia complicada
La historia comienza cuando un aparejador se presentó en la comisaría de Ferrol para denunciar el robo de unas planchas de uralita nuevas. Eran, supuestamente, parte del material de la obra del cuartel Sánchez Aguilera en la que estaba trabajando como arquitecto técnico con un contrato temporal, casi un becario. El hombre pronto retiró la denuncia sin una explicación convincente, pero el caso ya estaba abierto.
De la investigación se encargó la brigada de robos, a la que pronto empezó a “escamarle” el tema y lo derivó a otra unidad especializada en delitos económicos. Así arrancó la Operación Torre, que propició el registro de las oficinas de la concejalía ferrolana de Obras, donde supuestamente estaba el epicentro de una trama integrada por dos aparejadores interinos y un ex edil socialista que, según los investigadores, fraccionaban los contratos como obras menores para saltarse el protocolo legal y adjudicarlas casi a dedo a la constructora Parquet Albanese SL a cambio, posiblemente, de algún tipo de favor o comisión.
No hubo detenciones ni tampoco imputaciones formales para las personas que están bajo la lupa judicial —el ex concejal del PSdeG Gerardo López y dos funcionarios— por un posible delito contra la Administración Pública y otro de falsedad documental.
Casi en paralelo a la falsa denuncia, la Inspección de Trabajo paralizó las obras del cuartel en febrero del 2011 tras un accidente laboral que destapó irregularidades graves. Una cuadrilla de 15 obreros manipularon amianto, material cancerígeno, sin protección: retiraron las uralitas viejas, las lavaron para rejuvenecerlas y las cortaron a medida con una sierra radial para, probablemente, reutilizarlas en otra cubierta del mismo recinto.[pullquote]Los investigadores sospechan que nunca hubo partida de uralitas nuevas[/pullquote]
A esas imputaciones se sumaron más tarde las de los interventores y el ex edil de urbanismo.
Los investigadores sospechan que nunca hubo partida de uralitas nuevas, aunque seguramente se pretendía justificar su compra con alguna factura falsa en el ayuntamiento. El becario, probablemente sin saberlo, denunció el robo de un material que no existía, pero por el que el municipio habría pagado a la trama corrupta. En el cuartel se realizaban distintas obras y detrás de una ellas, el tejado del Museo da Natureza, estaba Albanese.
La compañía se registró hace 22 años como pequeña constructora familiar a nombre de Dolores Fernández Rico, gerente del negocio junto a su marido, de origen italiano y un hijo. Empezaron puliendo suelos de madera, hasta copar obras de todo tipo. Un ex empleado recuerda que Albanese comenzó colocando papeleras de plástico en el gobierno de Xaime Bello (BNG), a mediados de 2003. Las obras crecieron en número y presupuesto durante el gobierno popular de Juan Juncal.“Se hacían calles y plazas con fundido de hormigón. Parecía Dragados”, ironiza el trabajador.
Con el PSdeG al mando, tampoco les faltó trabajo y se llevaron, según los investigadores, un buen número de contratos disfrazados como obras menores. Calculan que en torno a un millón de euros solo del Plan E. Este sistema estaba arraigado en el departamento de Obras al margen del color político del gobierno de turno. “No era raro que se mandara a Albanese a reparar cualquier tubería o desperfecto en Recimil (1.100 viviendas municipales) antes de iniciar siquiera el expediente”, admiten fuentes de la corporación.
Otro fleco de la trama es la adjudicación al grupo San Martín de un contrato de dos millones de euros por dos años en marzo del 2010, que parece que ejecutó bajo cuerda Albanese.
