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La reforma debe estar lista antes del 30 de junio.
Se tutelaría el cierre de empresas públicas duplicadas en las CC.AA.
Lo más avanzado es el estudio de la reforma de los ayuntamientos.
La reforma de la administración pública se prepara para después de Semana Santa, a principios de abril, y debería concluir, según el diario Expansión, antes del 30 de junio. Siguiendo las recomendaciones de Bruselas, la reforma pasaría por reducir las trabas burocráticas y reordenar servicios generales y reordenación de la función pública. Entre otras iniciativas, se pasaría por la publicación de un único boletín (el equivalente al BOE) para publicar las regulaciones de las autonomías. El Estado también tutelaría el cierre de las empresas y organismos públicos, duplicados, de las Comunidades Autónomas.
Según el diario Expansión, que cita fuentes gubernamentales, el Gobierno pretende avanzar hacia la centralización de la gestión de los servicios generales y “se obligará a las comunidades y ayuntamientos a tener una estructura administrativa más transparente”.
De momento, los trabajos están todavía en primera fase pero se estudian realizar cambios legislativos que permitan opciones como que los trámites municipales para abrir un negocio puedan hacerse a posteriori. Y según Expansión, también se estudia que los inspectores de Hacienda “evalúen aleatoriamente los contratos públicos de los ayuntamientos, que durante años han escondido prácticas que chocan con la libre competencia”. El objetivo es, entre otros, reconquistar la confianza del exterior, donde tanto se ha criticado el modelo territorial de España.
La Comisión que estudia todas estas alternativas la preside el subsecretario del Ministerio de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, y se centra así en cuatro ejes: detección y eliminación de las duplicidades, reforma de la administración institucional, eliminación de las trabas burocráticas, gestión de medios y servicios generales. En la mesa, se mira de cerca el modelo de Canadá cuyas provincias poseen una autonomía fiscal del 85%.
Otra de las apuestas del Gobierno es desterrar la morosidad en el pago a proveedores, quiere convertir en obligatorio el pago en los plazos estipulados. El ejecutivo quiere suprimir la práctica de las “facturas en los cajones”.
LA REFORMA PARA LOS AYUNTAMMIENTOS SERÁ LA PRIMERA
Según Expansión, la reforma que está más cerrada porque ya cuenta con el acuerdo del PP y “buena parte del PSOE”, es la reforma de los consistorios que suprimirá mil mancomunidades y permitirá ahorrar 3.500 millones de euros. Además se limitarán las competencias de las administraciones locales y se limitará el sueldo de los alcaldes que, en algunos casos, llegan incluso a cobrar más que el propio Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Según Expansión, el Gobierno también quiere dar más poder a las diputaciones y otorgarles la gestión de los municipios que no consigan ser rentables.
