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La conselleira de Vivenda ha señalado que los precios son «casi regalados» con el fin de incentivar la edificación.
La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha publicado este jueves el concurso para la construcción de 48 viviendas protegidas en dos parcelas en O Bertón, en Ferrol, cuyo plazo se abrirá este viernes y durará cuatro meses, es decir, hasta el 11 de agosto a las 14.00 horas.
La titular de este departamento de la Xunta, María Martínez Allegue, ha dado cuenta de este anuncio en una reunión que ha mantenido con una treintena de promotores y cooperativistas en la sede del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), en Santiago de Compostela.
Los suelos deberán ser destinados a la construcción de vivienda protegida para alquiler o compraventa. Tendrán preferencia las ofertas dirigidas a la construcción en alquiler y la adjudicación en derecho de superficie, así como los inmuebles que vayan a tener un precio de renta o venta más reducido (régimen especial).
En el caso de compraventa, supondrá una repercusión de 4.000 euros por vivienda para régimen general. En el caso del canon del derecho de superficie, con una concesión de 75 años, el precio es «simbólico«, con cuatro euros al año por vivienda en régimen general.
«Son precios casi regalados porque queremos incentivar al sector a que construya vivienda protegida», ha explicado Allegue en declaraciones a los medios, al tiempo que ha manifestado la intención de «ir de la mano» de este grupo profesional, ya que «la gente está demandando vivienda accesible y de calidad».
Estas condiciones también se aplican al concurso abierto previamente –con fecha final el 30 de junio– para construir en parcelas del barrio vigués de Navia, donde se pretende edificar un total de 153 hogares.
RESERVA DE SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA
Por otra parte, la Xunta fijó este miércoles en el 8,10% la reserva de suelo de los municipios de más de 5.000 habitantes. Preguntada por medidas para incentivar la construcción en aquellas localidades que aún no lo superen, Allegue no ha concretado nada a este respecto.
Sin embargo, ha defendido que las cifras publicadas en el DOG con «datos objetivos«, como el número de inscritos que tengan los registros de demandantes del IGVS, según ha citado.
«Esos datos reflejan cuánta demanda hay de vivienda protegida. Por normativa estatal, el límite de reserva es de 40%, pero los ayuntamientos podrán excepcionar ese tope conforme a estos datos que anualmente publicamos«, ha explicado la conselleira.
