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Con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra este lunes 7 de abril, la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI), junto con COCEMFE estatal y su Movimiento Asociativo, reclama a las administraciones públicas que garanticen el acceso pleno, equitativo y efectivo al derecho a la salud de las personas con discapacidad física y orgánica, y denuncia la persistencia de carencias estructurales que afectan a este grupo social.
El 75 % de las personas con discapacidad no recibe con la regularidad e intensidad necesarias los servicios sanitarios y sociales que necesitan para cubrir sus necesidades en estos ámbitos, una cifra que asciende al 80 % en el caso de las mujeres con discapacidad. Además, el 81,6 % de este grupo social debe asumir gastos adicionales para acceder a tratamientos o productos sanitarios, siendo el 37 % quienes afrontan más de 200 euros al mes por este motivo.
El presidente de COGAMI, Anxo Queiruga, denuncia que “los servicios sanitarios siguen presentando graves barreras físicas, comunicativas y de acceso a la información”. Añade que “estas barreras, sumadas al desconocimiento generalizado sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad, actúan como factores que intensifican la exclusión social y restringen el desarrollo de la autonomía personal y el derecho a la salud y a una vida independiente”.
En este sentido, desde COGAMI apostamos por una coordinación efectiva en todos los niveles como elemento esencial para desarrollar un espacio sociosanitario eficaz, público y universal, que “debe contar con presupuesto y recursos suficientes, y adoptar un enfoque preventivo, comunitario y centrado en la persona”, señala Queiruga.
Además, COGAMI y el Movimiento Asociativo de COCEMFE defienden la necesidad de la universalización y equidad territorial de los servicios de salud y atención social; eliminar las barreras en centros de salud, hospitales y servicios de urgencias; garantizar el acceso a tratamientos y tecnologías de apoyo; acabar con los sobrecostes sanitarios que asumen las personas con discapacidad; mejorar la formación del personal sanitario en atención a la discapacidad, y reformar la atención sociosanitaria, garantizando una atención integral, centrada en la persona y con una perspectiva de género y discapacidad.
