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El protocolo de acoso escolar no fue eficaz y terminó con el traslado de centro del menor acosado
Una familia de Ferrolterra ha decidido interponer recurso contencioso- administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, frente a la desestimación de una reclamación de responsabilidad patrimonial formulada frente a la a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. La reclamación pedía una indemnización de 40.000 euros por los daños morales y psicológicos sufridos por el menor, durante el tiempo en que fue objeto de acoso escolar por parte de algunos compañeros en su centro educativo en la comarca de Santiago..
El centro tramitó un protocolo de acoso, pero que concluyó que “A persoa responsable das indagacións previas non detecta indicios de acoso escolar e polo tanto, non propón o inicio dun procedemento corrector, á dirección do centro”, a la par que reconocía que la víctima había sufrido burlas y agresiones físicas por parte de sus compañeros. El menor tampoco fue evaluado por psicólogo alguno, ni asistido por la persona designada por el centro como responsable de apoyo y atención a la víctima, pues no consta en el expediente administrativo, ni en una sola ocasión que tal persona cumpliera, ni de modo mínimo con sus funciones.
La Dra. en Psicología Forense Beatriz Dorrio Lourido, concluye en un informe realizado sobre el caso que “las circunstancias que describe el menor sugieren la existencia de indicadores que muestran indicios de Maltrato por negligencia educativa que ha llevado a reiterar situaciones que por acción u omisión realizado por los adultos responsables del menor lo ha privado de su libertad y de sus derechos correspondientes que limitan su óptimo desarrollo, a esto se define como maltrato por negligencia o abandono cuando un padre, guardián o la persona a cargo del niño como pueden ser sus responsables escolares, cuando no se preocupa por atender las necesidades básicas para asegurar su bienestar”.
Ante la ineficacia del protocolo de acoso adoptado por el centro, los padres del menor acudieron a la Inspección educativa, así como a la propia Consellería, sin encontrar respuesta que permitiese amparar a su hijo víctima de acoso. Dada tal circunstancia, los padres decidieron poner el asunto en el abogado especialista en Derecho
Administrativo y Doctor en Derecho, Cristóbal Dobarro Gómez, que es quien lleva el asunto.
En estos momentos se ha presentado la demanda por la representación del padre del menor, estando la Administración en plazo para contestar a la misma.
